- Estudio Jurídico Lugris & Asociados – Gestión Judicial Derecho Civil, Laboral y Familia Realizamos trámites judiciales a todo el País Consultas: 15-3213-4755 – 15-6524-6538 lugrisyasociados@gmail.com

domingo, 13 de mayo de 2018

LENGUAJE E INFORMACIÓN JUDICIAL María Pía Boni Vocera de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe


Resultado de imagen para corte suprema de justicia santa fe
Como todos sabemos, la información es la materia prima con la que trabajan los
periodistas. Cuando la consiguen, solucionan un gran problema, ya que solo les resta
adaptarla al formato correspondiente, según el medio donde trabajen: radio, televisión,
publicaciones periódicas, Internet.
Sin embargo, para quienes cubren la fuente judicial, las cosas no son tan sencillas:
una vez que obtienen la información –sobre todo cuando se trata de una resolución
judicial–, deben enfrentar dos dificultades adicionales: comprender el texto al que
accedieron y, luego, hallar la manera de darlo a conocer utilizando términos comunes,
pero sin desvirtuar el contenido del mensaje.
Los jueces suelen redactar sus decisiones usando el lenguaje técnico –y abusando
de él–, propio de la Ciencia Jurídica y ajeno al saber popular. Ello, sin mencionar los
frecuentes errores de redacción, estructura gramatical y, en algunos casos, excesos de
latinismos.
Es fácil advertir, entonces, que el periodista judicial se ve forzado a cumplir el rol
de traductor. Para ello, en primer lugar, debe ser capaz de comprender el lenguaje
propio del ámbito jurídico y, en segundo lugar, tener la habilidad suficiente como para
reproducir la información a la que pudo acceder con la suficiente claridad, para que sea
comprendida por toda la comunidad, y no solo por las personas ligadas al ámbito del
Derecho.
Para resolver este problema, los medios de comunicación de mayor importancia
han incorporado en sus redacciones a abogados o a periodistas especializados en la
cobertura de temas judiciales.
Los jueces, por su parte, también se están preocupando por ser más comprensibles,
ya que la complejidad del lenguaje condiciona la transparencia de los actos judiciales.
Lenguaje y transparencia
1

Un informe presentado en julio de 2007 por el Observatorio de la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados –en colaboración con el
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría– señala el índice de credibilidad de la
Justicia Argentina en, apenas, un 11%1
.
Credibilidad y transparencia están estrechamente ligadas. Así lo entendieron los
responsables de los Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica: en una
Declaración firmada en Cancún, México (2002), señalaron que «los niveles de
credibilidad y confianza en la Justicia están relacionados... con la difusión de las
resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la
información pública»2
.
Y admitieron que no se trata tan solo de difundir información, sino de hacerlo de
forma sencilla, facilitando su comprensión. En efecto, la Carta de Derechos de las
Personas ante la Justicia en el ámbito Judicial Iberoamericano (producto de la Cumbre
citada) establece algunas pautas sobre lenguaje para contribuir a «una Justicia
comprensible»:
· Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de
términos intimidatorios innecesarios.
· Todas las personas tienen derecho a que, en las vistas y
comparencias, se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias
técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean
especialistas en Derecho. Los jueces y magistrados que dirijan los actos
procesales velarán por la salvaguarda de este derecho.
 Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles
por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin
perjuicio de su rigor técnico. Se deberá facilitar especialmente el
ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea
obligatoria la intervención del abogado.

1


En la última década, el uso de un lenguaje sencillo se ha convertido también en un
mandato ético. El Código de Ética que rige a los jueces santafesinos establece que la
información que se brinde a los medios de comunicación debe hacerse por escrito,
utilizando términos sencillos.
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, por su parte, afirma que «la
transparencia de las actuaciones del Juez es una garantía de la justicia de sus
decisiones» (art. 56), y le manda brindar «información útil, pertinente, comprensible y
fiable» (art. 57).
¿Lenguaje técnico... o lenguaje corriente?
En el II Congreso Iberoamericano sobre Capacitación Judicial (Mar del Plata,
noviembre de 2006), también se concluyó sobre la necesidad de utilizar un lenguaje más
sencillo en la redacción de las sentencias.
Sin embargo, no es posible eliminar por completo el uso de la terminología
jurídica, puesto que el vocabulario jurídico es constitutivo de la Ciencia del Derecho.
Ello hace que no pueda ser dejado a un lado en ciertos casos, como, por ejemplo,
cuando el Juez debe referirse a un delito (que para ser tal, debe responder exactamente
al concepto del Código Penal) y a los fundamentos legales de su configuración; o
cuando es necesario hablar de construcciones exclusivamente jurídicas, como pueden
ser la hipoteca o la usucapión.
Pongamos un ejemplo: si una persona se apodera sin derecho de una cosa ajena,
comete hurto; pero si para hacerlo, además, ejerce violencia, hay delito de robo, que
tiene una pena más grave. Por lo tanto, decir «robo» no es igual que decir «hurto»,
aunque, popularmente, ambos términos sean utilizados en forma indistinta.
Con esto queremos decir que, si bien es cierto que quienes operan el Derecho
(Jueces, funcionarios, abogados...) deben procurar que sus escritos sean comprensibles
por la sociedad en general –para así hacer más transparente su trabajo–, a veces resulta
Imprescindible el uso de términos técnicos propios de este saber científico que es la
Ciencia Jurídica.
En este sentido, Elena Highton, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (CSJN), dijo hace algunos meses que «existen límites a la posibilidad de
2
Liberalizar el lenguaje porque hay cuestiones técnicas que son difíciles de evitar, pero
Debemos tratar de acercar lo más posible las sentencias a la gente»3
.
Lenguaje y capacitación judicial
En el Poder Judicial de Santa Fe, estamos trabajando sobre el problema del
lenguaje: en el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial, brindamos a los
periodistas herramientas básicas para que comprendan la terminología jurídica: no con
la finalidad de que trasladen esos términos a sus crónicas, sino para que comprendan
mejor el contenido de las decisiones y puedan transmitirlas sin desvirtuar su sentido.
Para ello hemos confeccionado un glosario de términos jurídicos con las palabras de uso
más frecuente, sin olvidar aquellas que suelen emplearse en forma errónea.
En cuanto a los jueces y funcionarios, procuramos que aprendan a expresarse con
sencillez y claridad, tanto en la redacción de sus decisiones como en las audiencias
orales, de modo que los particulares puedan comprender el significado de los actos
judiciales en los que están involucrados.

La redacción de noticias, según la Jurisprudencia
Nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales garantizan la
libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que debe ser compatibilizado con
otros, como el derecho a la intimidad, la preservación de la identidad de menores,
víctimas y testigos, y la presunción de inocencia.
Si nos refiriéramos a un sujeto como autor de un delito cuando aún no se ha
dictado la sentencia, podríamos afectar injustamente el honor de esa persona y, quizá,
podríamos ser acusados por el delito de calumnias.
En el caso «Campillay, Julio c/La Razón» (1986) la CSJN dijo que un medio de
comunicación puede evitar responsabilidad por publicaciones de interés público que
puedan rozar la reputación de las personas, solo en tres circunstancias:
a) identificando la fuente donde obtuvieron la información;
b) utilizando potenciales;

4
Ver «Piden a los jueces que redacten los fallos en un lenguaje más claro», en La Nación, 26 de
noviembre de 2006.
5
c) manteniendo en reserva la identidad de los implicados en el asunto.
El diario La Razón había publicado el nombre de Julio Campillay, a quien
vinculaba a un asunto de tráfico de estupefacientes. La noticia no mencionaba ninguna
fuente de información, aunque en el juicio, se probó que habían recibido al respecto un
parte de prensa proveniente de la Policía.
El máximo Tribunal del país resolvió que era justo indemnizar a Campillay, ya
que la fuente no había sido citada en la noticia, con lo cual el medio había hecho suya la
información brindada.
Si la hubiera citado o si hubiera utilizado el verbo en potencial o hubiera
mantenido en reserva la identidad del involucrado, el medio no hubiera sido obligado a
pagar la indemnización.
Conclusión
El Poder Judicial no es ajeno al deber de transparencia que tiene que caracterizar a
los actos de gobierno.
Ese deber de transparencia supone dar a conocer las decisiones judiciales y
hacerlo de un modo sencillo, accesible a toda la comunidad.
Para que la información judicial llegue a su destinataria: la sociedad, es
imprescindible que el lenguaje utilizado sea comprensible. En lo posible, despojado de
tecnicismos.
Como alternativa, y en tanto la Ciencia del Derecho se vale de términos que le son
propios, parece aceptable –a veces, indispensable– incluir vocabulario técnico en el
discurso judicial, procurando siempre aclarar su significado.
No estaría de más que las sentencias incluyeran un breve y sencillo resumen de la
decisión e, incluso, de sus fundamentos, de modo tal que los particulares no necesitaran
de la «traducción» de los abogados para entender su contenido.
El uso del lenguaje corriente debería caracterizar la redacción de los actos
judiciales destinados al público en general (sentencias, notificaciones, actas de
audiencias...) y la expresión oral en las actuaciones que involucren a particulares;
especialmente, cuando las personas no cuentan con la asistencia de un abogado.

No hay comentarios:

Publicar un comentario