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lunes, 28 de mayo de 2018

Sale cara la firma digital del empleado


Sale cara la firma digital del empleado
La Sala V de la Cámara del Trabajo confirmó en la causa “Ventre Christy Eduardo Ariel c/ Acerbrag SA s/ Despido" una condena por daño moral contra la empresa demandada por haber continuado usando la firma digital del actor "para realizar diversas operaciones bancarias sin su autorización y a pesar de que se había desvinculado de la empresa".

El accionante, que se desempeñaba como responsable del área de finanzas, pidió una reparación económica porque, sin su consentimiento, la empresa utilizaba su firma digital para hacer operaciones, pese a que en el acuerdo de desvinculación que suscribió "se revocaba el poder y la firma digital". Ello, según el actor, revelaba que "no prestó su consentimiento para la utilización de su nombre, su firma y un cargo que ya no ostentaba"



"Lo cierto y concreto es que el actor ya no era empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado", indicaron los camaristas



La Justicia acogió la demanda por el "uso indebido" de la firma digital y, además de la reparación, la jueza de Primera Instancia condenó a la demandada a que comunique lo decidido "a las entidades bancarias y financieras que hayan intervenido en las operaciones con firma digital del actor posterior a la desvinculación así como a Interbanking.

La decisión luego fue ratificada por los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes rechazaron el recurso de la demandada, que intentó desprenderse de la responsabilidad aclarando que si el empleado estaba de vacaciones su clave "podía ser delegada a otra persona" y que por ello no había ilegalidad en la utilización de la firma.

Para los jueces de la Sala V, sin embargo, se trató de una "conducta abusiva". "Lo cierto y concreto es que el actor ya no era empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado", indicaron los camaristas.

"Es claro, entonces, que la conducta asumida por la demandada implicó un menoscabo para el buen nombre y honor del actor porque más allá de que dichas operaciones no fueran fraudulentas, lo cierto es que se continuó utilizando nada menos que el nombre y firma digital de una persona que ya que no se encontraba vinculada laboralmente con la empresa así como un cargo que había dejado de tener", detalla la sentencia.

El fallo agrega que ello implicó "que, sin conocimiento del accionante, asumió responsabilidades a pesar de que había decidido su desvinculación y que expresamente se dejó asentado que se revocaban los poderes y la firma" lo que configuraba "un menoscabo a los derechos personalísimos del actor deben ser reparados".

Los jueces, por último, advirtieron a la demandada "para el caso que continúe utilizando el nombre y la firma digital del actor que deberá cesar en dicha conducta, bajo apercibimiento de las astreintes".

domingo, 20 de mayo de 2018

Sucesiones: Todos cobran honorarios


Todos cobran honorarios

La Cámara Civil ordenó regular los honorarios del albacea aunque, según las coherederas, su conducta fue inadecuada durante el proceso.

En los autos "Jofre Barroso Haydee Mercedes s/ sucesión testamentaria", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenó regular los honorarios del albacea aunque, según las coherederas, su conducta fue inadecuada durante el proceso.
Los miembros del Tribunal confirmaron la sentencia de la anterior instancia y resaltaron que, más allá que las mujeres tenían derecho a presentar sus agravios, no significan un obstáculo para reconocer los honorarios que puedan corresponderle al albacea por las tareas efectivamente llevadas a cabo.

Los magistrados señalaron que si el testamento no establece la retribución que deba otorgarse al albacea, corresponde al juez determinarla, debiendo considerar el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios.

La base regulatoria de los honorarios del albacea es el monto del caudal relicto en tanto haya cumplido, actuaciones tendientes a liquidar los bienes que componen el patrimonio de la causante y a incorporarlos efectivamente al de los herederos, "más allá de la valoración que se haga respecto de la utilidad de las tareas realizadas y de las etapas en las que haya intervenido", explicaron los jueces.
Finalmente, los camaristas fijaron los honorarios del abogado interviniente en $40.000, teniendo en cuenta las actuaciones efectivamente cumplidas dentro del trámite sucesorio, con sus incidencias y particularidades.
Los magistrados señalaron que si el testamento no establece la retribución que deba otorgarse al albacea, corresponde al juez determinarla, debiendo considerar el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios.

La lista negra de abogados no llega a la Corte


La lista negra de abogados no llega a la Corte

La Sala VIII de la Cámara del Trabajo denegó, por no tratarse de una sentencia definitiva y por no suscitar "cuestión federal", un recurso extraordinario presentado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo contra la sentencia que ratificó la medida cautelar que frena por seis meses la resolución SRT Nº 760/17.
Se trata de la llamada "lista negra" de abogados laboralistas. La resolución crea el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) una "base de datos" que obliga a las ART a registrar planteos de inconstitucionalidad de la Ley 27.348 de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impone el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas jurisdiccionales.

La Cámara justificó la medida en el hecho de que "la vigencia del acto que se impugna tornaría, con el tiempo, abstracto al planteo mismo del escrito inicial".

Publicada en el Boletín Oficial a mediados de agosto de 2017, la resolución fue impugnada luego por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, que consiguió que la jueza Laura Castagnin dictara una medida cautelar suspendiéndola por seis meses o hasta el dictado de sentencia definitiva.

La magistrada, al resolver el planteo en el caso "Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medidas Cautelares” dio via libre a la precautoria por entender que se estaba ante "el supuesto de la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables”.

Apelado el fallo, la Cámara, integrada por los jueces Victor Pesino y Luis Catardo, ratificó la vigencia de la cautelar, tras adherirse a los fundamentos del fiscal general Eduardo Álvarez, quien consideró que en el caso el objeto de la cautelar "no se confunde con el objeto principal".

Para Álvarez, se trata en el caso una medida autosatisfactiva que "simplemente difiere en un tiempo, por cierto breve, la vigencia de lo resuelto", sin que se logre “evidenciar el perjuicio irremediable de una mera suspensión temporal”.

Por el contrario, para el fiscal se acreditó "la existencia de la verosimilitud en el derecho" como así también el peligro en la demora, dado en el hecho de que "la vigencia del acto que se impugna tornaría, con el tiempo, abstracto al planteo mismo del escrito inicial".


domingo, 13 de mayo de 2018

LENGUAJE E INFORMACIÓN JUDICIAL María Pía Boni Vocera de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe


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Como todos sabemos, la información es la materia prima con la que trabajan los
periodistas. Cuando la consiguen, solucionan un gran problema, ya que solo les resta
adaptarla al formato correspondiente, según el medio donde trabajen: radio, televisión,
publicaciones periódicas, Internet.
Sin embargo, para quienes cubren la fuente judicial, las cosas no son tan sencillas:
una vez que obtienen la información –sobre todo cuando se trata de una resolución
judicial–, deben enfrentar dos dificultades adicionales: comprender el texto al que
accedieron y, luego, hallar la manera de darlo a conocer utilizando términos comunes,
pero sin desvirtuar el contenido del mensaje.
Los jueces suelen redactar sus decisiones usando el lenguaje técnico –y abusando
de él–, propio de la Ciencia Jurídica y ajeno al saber popular. Ello, sin mencionar los
frecuentes errores de redacción, estructura gramatical y, en algunos casos, excesos de
latinismos.
Es fácil advertir, entonces, que el periodista judicial se ve forzado a cumplir el rol
de traductor. Para ello, en primer lugar, debe ser capaz de comprender el lenguaje
propio del ámbito jurídico y, en segundo lugar, tener la habilidad suficiente como para
reproducir la información a la que pudo acceder con la suficiente claridad, para que sea
comprendida por toda la comunidad, y no solo por las personas ligadas al ámbito del
Derecho.
Para resolver este problema, los medios de comunicación de mayor importancia
han incorporado en sus redacciones a abogados o a periodistas especializados en la
cobertura de temas judiciales.
Los jueces, por su parte, también se están preocupando por ser más comprensibles,
ya que la complejidad del lenguaje condiciona la transparencia de los actos judiciales.
Lenguaje y transparencia
1

Un informe presentado en julio de 2007 por el Observatorio de la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados –en colaboración con el
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría– señala el índice de credibilidad de la
Justicia Argentina en, apenas, un 11%1
.
Credibilidad y transparencia están estrechamente ligadas. Así lo entendieron los
responsables de los Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica: en una
Declaración firmada en Cancún, México (2002), señalaron que «los niveles de
credibilidad y confianza en la Justicia están relacionados... con la difusión de las
resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la
información pública»2
.
Y admitieron que no se trata tan solo de difundir información, sino de hacerlo de
forma sencilla, facilitando su comprensión. En efecto, la Carta de Derechos de las
Personas ante la Justicia en el ámbito Judicial Iberoamericano (producto de la Cumbre
citada) establece algunas pautas sobre lenguaje para contribuir a «una Justicia
comprensible»:
· Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de
términos intimidatorios innecesarios.
· Todas las personas tienen derecho a que, en las vistas y
comparencias, se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias
técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean
especialistas en Derecho. Los jueces y magistrados que dirijan los actos
procesales velarán por la salvaguarda de este derecho.
 Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles
por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin
perjuicio de su rigor técnico. Se deberá facilitar especialmente el
ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea
obligatoria la intervención del abogado.

1


En la última década, el uso de un lenguaje sencillo se ha convertido también en un
mandato ético. El Código de Ética que rige a los jueces santafesinos establece que la
información que se brinde a los medios de comunicación debe hacerse por escrito,
utilizando términos sencillos.
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, por su parte, afirma que «la
transparencia de las actuaciones del Juez es una garantía de la justicia de sus
decisiones» (art. 56), y le manda brindar «información útil, pertinente, comprensible y
fiable» (art. 57).
¿Lenguaje técnico... o lenguaje corriente?
En el II Congreso Iberoamericano sobre Capacitación Judicial (Mar del Plata,
noviembre de 2006), también se concluyó sobre la necesidad de utilizar un lenguaje más
sencillo en la redacción de las sentencias.
Sin embargo, no es posible eliminar por completo el uso de la terminología
jurídica, puesto que el vocabulario jurídico es constitutivo de la Ciencia del Derecho.
Ello hace que no pueda ser dejado a un lado en ciertos casos, como, por ejemplo,
cuando el Juez debe referirse a un delito (que para ser tal, debe responder exactamente
al concepto del Código Penal) y a los fundamentos legales de su configuración; o
cuando es necesario hablar de construcciones exclusivamente jurídicas, como pueden
ser la hipoteca o la usucapión.
Pongamos un ejemplo: si una persona se apodera sin derecho de una cosa ajena,
comete hurto; pero si para hacerlo, además, ejerce violencia, hay delito de robo, que
tiene una pena más grave. Por lo tanto, decir «robo» no es igual que decir «hurto»,
aunque, popularmente, ambos términos sean utilizados en forma indistinta.
Con esto queremos decir que, si bien es cierto que quienes operan el Derecho
(Jueces, funcionarios, abogados...) deben procurar que sus escritos sean comprensibles
por la sociedad en general –para así hacer más transparente su trabajo–, a veces resulta
Imprescindible el uso de términos técnicos propios de este saber científico que es la
Ciencia Jurídica.
En este sentido, Elena Highton, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (CSJN), dijo hace algunos meses que «existen límites a la posibilidad de
2
Liberalizar el lenguaje porque hay cuestiones técnicas que son difíciles de evitar, pero
Debemos tratar de acercar lo más posible las sentencias a la gente»3
.
Lenguaje y capacitación judicial
En el Poder Judicial de Santa Fe, estamos trabajando sobre el problema del
lenguaje: en el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial, brindamos a los
periodistas herramientas básicas para que comprendan la terminología jurídica: no con
la finalidad de que trasladen esos términos a sus crónicas, sino para que comprendan
mejor el contenido de las decisiones y puedan transmitirlas sin desvirtuar su sentido.
Para ello hemos confeccionado un glosario de términos jurídicos con las palabras de uso
más frecuente, sin olvidar aquellas que suelen emplearse en forma errónea.
En cuanto a los jueces y funcionarios, procuramos que aprendan a expresarse con
sencillez y claridad, tanto en la redacción de sus decisiones como en las audiencias
orales, de modo que los particulares puedan comprender el significado de los actos
judiciales en los que están involucrados.

La redacción de noticias, según la Jurisprudencia
Nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales garantizan la
libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que debe ser compatibilizado con
otros, como el derecho a la intimidad, la preservación de la identidad de menores,
víctimas y testigos, y la presunción de inocencia.
Si nos refiriéramos a un sujeto como autor de un delito cuando aún no se ha
dictado la sentencia, podríamos afectar injustamente el honor de esa persona y, quizá,
podríamos ser acusados por el delito de calumnias.
En el caso «Campillay, Julio c/La Razón» (1986) la CSJN dijo que un medio de
comunicación puede evitar responsabilidad por publicaciones de interés público que
puedan rozar la reputación de las personas, solo en tres circunstancias:
a) identificando la fuente donde obtuvieron la información;
b) utilizando potenciales;

4
Ver «Piden a los jueces que redacten los fallos en un lenguaje más claro», en La Nación, 26 de
noviembre de 2006.
5
c) manteniendo en reserva la identidad de los implicados en el asunto.
El diario La Razón había publicado el nombre de Julio Campillay, a quien
vinculaba a un asunto de tráfico de estupefacientes. La noticia no mencionaba ninguna
fuente de información, aunque en el juicio, se probó que habían recibido al respecto un
parte de prensa proveniente de la Policía.
El máximo Tribunal del país resolvió que era justo indemnizar a Campillay, ya
que la fuente no había sido citada en la noticia, con lo cual el medio había hecho suya la
información brindada.
Si la hubiera citado o si hubiera utilizado el verbo en potencial o hubiera
mantenido en reserva la identidad del involucrado, el medio no hubiera sido obligado a
pagar la indemnización.
Conclusión
El Poder Judicial no es ajeno al deber de transparencia que tiene que caracterizar a
los actos de gobierno.
Ese deber de transparencia supone dar a conocer las decisiones judiciales y
hacerlo de un modo sencillo, accesible a toda la comunidad.
Para que la información judicial llegue a su destinataria: la sociedad, es
imprescindible que el lenguaje utilizado sea comprensible. En lo posible, despojado de
tecnicismos.
Como alternativa, y en tanto la Ciencia del Derecho se vale de términos que le son
propios, parece aceptable –a veces, indispensable– incluir vocabulario técnico en el
discurso judicial, procurando siempre aclarar su significado.
No estaría de más que las sentencias incluyeran un breve y sencillo resumen de la
decisión e, incluso, de sus fundamentos, de modo tal que los particulares no necesitaran
de la «traducción» de los abogados para entender su contenido.
El uso del lenguaje corriente debería caracterizar la redacción de los actos
judiciales destinados al público en general (sentencias, notificaciones, actas de
audiencias...) y la expresión oral en las actuaciones que involucren a particulares;
especialmente, cuando las personas no cuentan con la asistencia de un abogado.

martes, 8 de mayo de 2018

Mi rostro no sale en TV ni en Youtube


Un hombre se presentó ante la Justicia solicitando que el canal de noticias C5N no publique más un informe sobre él en un programa de policiales. También pidió que se ordene a Google que se impida la reproducción del show por Youtube. Se suscitó un conflicto de competencia.

Mi rostro no sale en TV ni en Youtube




Tramitará ante la Justicia Civil y Comercial Federal un amparo presentado por un hombre que buscaba el cese de la reproducción de un programa de televisión y su repetición en Youtube.

Así lo dispuso la Cámara del fuero al resolver una contienda de competencia entre un magistrado de grado con otro Civil, en la causa “O.H.A. c/ C5N Televisión y otros s/ amparo”

El amparo buscaba que se obligue al canal C5N de televisión abierta el cese en la exhibición de su imagen “con la correspondiente retractación y pedido de disculpas de forma pública a través del programa de casos policiales y/o judiciales El Expediente”.

El juez Civil y Comercial sostuvo que la causa se trataba de una afectación de los derechos personalísimos del actor, como el honor, imagen, nombre e intimidad, que es una cuestión regida por normas de derecho común, por lo que el expediente debía tramitar en un Juzgado Civil, lo que no fue aceptado por este último.

Pero además, al estar en la era del Streaming, el accionante intentó evitar su reproducción en internet, por lo que pidió que se ordene a Youtube Argentina – por intermedio de Google- que interrumpan la reproducción de dicho programa televisivo en la web y supriman los links al mismo

El juez Civil y Comercial sostuvo que la causa se trataba de una afectación de los derechos personalísimos del actor, como el honor, imagen, nombre e intimidad, que es una cuestión regida por normas de derecho común, por lo que el expediente debía tramitar en un Juzgado Civil, lo que no fue aceptado por este último.



Los miembros del Tribunal de Alzada le atribuyeron competencia federal al reclamo dado que “la materia se refiere a actividades llevadas a cabo por vía de internet, que es un medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local”.

Al fundar su decisión, la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Guillermo Antelo y Ricardo Recondo, ponderó que el reclamo que formula el actor “está dirigido a proteger su nombre e imagen debido a la difusión -principalmente a través de la web- de información que lo vincula con un hecho delictivo que no habría cometido”.

En ese contexto, los miembros del Tribunal de Alzada le atribuyeron competencia federal al reclamo dado que “la materia se refiere a actividades llevadas a cabo por vía de internet, que es un medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local”.

A no meterse con la libertad de expresión en Facebook


A no meterse con la libertad de expresión en Facebook

La Cámara Federal de Mendoza ratificó el rechazo de una medida autosatisfactiva en la 

que se pretendía eliminar una “publicación injuriante” en la que se denunciaban irregularidades en una local gastronómico, tanto del perfil que inició la publicación, como “de la página que le dio difusión mediante un artículo periodístico”.

El fallo, dictado por la Sala B de la Cámara en los autos “O.P.R. C/ Facebook Argentina SRL s/ Medida Autosatisfactiva” confirma así el temperamento de primera instancia, donde se desestimó el pedido por entenderse que la actividad de las demandadas constituye el ejercicio regular del derecho a la libertad de expresión, que “por sí sola, no puede constituir como ilícito ningún acto”.

El presunto damnificado por la publicación había solicitado por vía judicial que se ordene a Facebook que se abstenga “de habilitar el uso de enlaces, blogs, foros, grupos, sitios de fans, o cualquier otro espacio web dentro de la red social” en los que se “injurie, ofenda, agreda, vulnere, menoscabe o afecte de cualquier manera el nombre, el honor, la imagen, la intimidad y/o la integridad” de usuario y del comercio que gestiona.

En su apelación, el accionante intentó rebatir el argumento del rechazo asegurando que Google y Facebook “no son los titulares del derecho a la libertad de expresión en juego ni tampoco son las que ejercen ese derecho” sino que lo son los usuarios de Facebook y los titulares de los dominios que Google. “Ellas sólo otorgan un medio para el ejercicio de los mismos”, destacó.



El fallo destaca que las publicaciones se realizan en Facebook, pero el destinatario de la medida no es el/los autores del contenido que se objeta "sino un intermediario que proveería la plataforma de la página (Facebook y Google)”



Sin embargo, los camaristas Alfredo Porras, Manuel Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios entendieron que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho. Pese a que el actor adjuntó al expediente las capturas de pantalla de Google y Facebook, con los comentarios de los usuarios y demás, para los magistrados “ello sólo demostraría la existencia de tales comentarios, pero no la veracidad o falsedad del hecho que es causa de los mismos”.

“Adviértase, que tales publicaciones se realizan en la red social Facebook, pero el destinatario de la medida no es el/los autores del contenido que se objeta, con quien podría ser confrontada la verdad o falsedad de la información, sino un intermediario que proveería la plataforma de la página (Facebook y Google)”, puntualiza la sentencia.

“Este Tribunal no podría restringir la libertad de expresión de los usuarios de Facebook- tanto los particulares como el Diario-, quienes son los que verdaderamente detentan tal derecho, sin tener por acreditada la falsedad y perjuicio que tales dichos han ocasionado”, agrega el fallo de la Cámara Federal que concluye que en el caso “debe priorizarse la libertad de expresión por sobre el derecho personalísimo invocado por la actora”.

jueves, 3 de mayo de 2018

Casación confirmó la condena por violación al futbolista Alexis Zárate.


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La Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso presentado por la defensa del exfutbolista de Independiente Alexis Zárate y confirmó la condena a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado que, en septiembre pasado, le impuso el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora.

La resolución fue dictada por los camaristas Fernando Luis Mancini y Martín Ordoqui, que tuvieron en cuenta la cuestión de género y tomaron como prueba la declaración de la víctima, Giuliana Peralta, a quien entrevistaron personalmente. Debido a que la condena es de cumplimiento efectivo, el Tribunal que condenó al futbolista deberá decidir si ordena la detención del futbolista en las próximas horas.

Zárate, de 23 años, está actualmente en Letonia, donde juega en el FK Liepaja desde fines de marzo. Llegó a Europa con permiso de la Justicia para poder desempeñarse en otra liga profesional. Su defensa había pedido que se le permitiera fijar domicilio en esa ex república soviética, pero el mes pasado el tribunal le denegó el pedido, le ordenó que fije domicilio en Avellaneda y le indicó que debía presentarse el 10 de este mes. La Argentina y Letonia no tienen convenio recíproco de extradición.


A partir de la reconstrucción del hecho realizada durante el proceso judicial se determinó que el 16 de marzo de 2014, Giuliana Peralta fue llevada por su novio de entonces, el delantero de Independiente Martín Benítez, al departamento que compartían Zárate y otro futbolista, en Brandsen 5980, Wilde.

La pareja mantuvo relaciones sexuales. Se quedaron dormidos. Avanzada la madrugada llegaron Zárate y otro futbolista. Giuliana no recuerda en qué momento le corrieron la ropa interior, pero sí que, segundos después de ser penetrada, alguien que no era su novio le dijo al oído: "¿Vos te cuidás?"

Comenzó a forcejear y a gritar, sin lograr que Benítez se despertara; sólo cuando Zárate eyaculó y salió del cuarto, ella gritó "me violaron" y zamarreó a su pareja, que al fin abrió los ojos. El delantero intentó calmarla y hacerla desistir de contar lo que había pasado, pero Giuliana, vejada, sólo quería irse de ahí. Llegó a su casa y cuando al mediodía su madre la vio, demacrada, fue a la comisaría y puso en marcha la maquinaria judicial.

"Espero que se haga justicia y que vaya preso, por mí y por todas las chicas a las que les puede llegar a pasar esto", sostuvo la joven luego de escuchar el veredicto que, ahora, está a un solo paso de cumplirse de forma efectiva.