- Estudio Jurídico Lugris & Asociados – Gestión Judicial Derecho Civil, Laboral y Familia Realizamos trámites judiciales a todo el País Consultas: 15-3213-4755 – 15-6524-6538 lugrisyasociados@gmail.com

miércoles, 6 de junio de 2018

La Justicia ordenó restituir un 9% de aumento a los jubilados

El fallo de Cámara declara inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron en marzo y dice que debió aplicarse una suba del 14,5%, según la fórmula de ajuste que rigió hasta que se aprobó la reforma.
La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el artículo 2 de la ley de Reforma Previsional y le ordenó al gobierno restituir un 9% sobre los haberes de jubilados y pensionados, trascendió hoy en los tribunales federales. El fallo llega en medio de la decisión de realizar un ajuste sobre las cuentas del Estado y ordena que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, porque las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.
Según las versiones, sobre el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, los magistrados sostuvieron que el cálculo para los haberes de marzo, la denominada cláusula de anclaje, estuvo mal hecho, por lo que el Gobierno deberá devolverle a los jubilados el 9% que les descontó.
El fallo responde a una demanda presentada por el abogado Miguel Fernández Pastor, quien presentó una demanda por inconstitucionalidad de la norma que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma condición.
Los jueces sostuvieron que el Gobierno vulneró los derechos de los jubilados al quitarles ese porcentaje, y que debía haber encontrado otra forma. La instancia siguiente de apelación es la Corte Suprema de Justicia, lo cual se descuenta el Gobierno hará.
En la parte resolutiva, el tribunal consideró que el artículo dos de la ley es inconstitucional y “no aplicable” a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del 2017″.
La decisión del tribunal ordena también que “dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, reliquide, conforme a lo dispuesto por la Ley 26417, los haberes del actor correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426”.
El fallo está firmado por el juez subrogante Rodolfo Mario Milano, y los camaristas titulares del tribunal Néstor Fasciolo y Martín Laclau.

lunes, 28 de mayo de 2018

Sale cara la firma digital del empleado


Sale cara la firma digital del empleado
La Sala V de la Cámara del Trabajo confirmó en la causa “Ventre Christy Eduardo Ariel c/ Acerbrag SA s/ Despido" una condena por daño moral contra la empresa demandada por haber continuado usando la firma digital del actor "para realizar diversas operaciones bancarias sin su autorización y a pesar de que se había desvinculado de la empresa".

El accionante, que se desempeñaba como responsable del área de finanzas, pidió una reparación económica porque, sin su consentimiento, la empresa utilizaba su firma digital para hacer operaciones, pese a que en el acuerdo de desvinculación que suscribió "se revocaba el poder y la firma digital". Ello, según el actor, revelaba que "no prestó su consentimiento para la utilización de su nombre, su firma y un cargo que ya no ostentaba"



"Lo cierto y concreto es que el actor ya no era empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado", indicaron los camaristas



La Justicia acogió la demanda por el "uso indebido" de la firma digital y, además de la reparación, la jueza de Primera Instancia condenó a la demandada a que comunique lo decidido "a las entidades bancarias y financieras que hayan intervenido en las operaciones con firma digital del actor posterior a la desvinculación así como a Interbanking.

La decisión luego fue ratificada por los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes rechazaron el recurso de la demandada, que intentó desprenderse de la responsabilidad aclarando que si el empleado estaba de vacaciones su clave "podía ser delegada a otra persona" y que por ello no había ilegalidad en la utilización de la firma.

Para los jueces de la Sala V, sin embargo, se trató de una "conducta abusiva". "Lo cierto y concreto es que el actor ya no era empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado", indicaron los camaristas.

"Es claro, entonces, que la conducta asumida por la demandada implicó un menoscabo para el buen nombre y honor del actor porque más allá de que dichas operaciones no fueran fraudulentas, lo cierto es que se continuó utilizando nada menos que el nombre y firma digital de una persona que ya que no se encontraba vinculada laboralmente con la empresa así como un cargo que había dejado de tener", detalla la sentencia.

El fallo agrega que ello implicó "que, sin conocimiento del accionante, asumió responsabilidades a pesar de que había decidido su desvinculación y que expresamente se dejó asentado que se revocaban los poderes y la firma" lo que configuraba "un menoscabo a los derechos personalísimos del actor deben ser reparados".

Los jueces, por último, advirtieron a la demandada "para el caso que continúe utilizando el nombre y la firma digital del actor que deberá cesar en dicha conducta, bajo apercibimiento de las astreintes".

domingo, 20 de mayo de 2018

Sucesiones: Todos cobran honorarios


Todos cobran honorarios

La Cámara Civil ordenó regular los honorarios del albacea aunque, según las coherederas, su conducta fue inadecuada durante el proceso.

En los autos "Jofre Barroso Haydee Mercedes s/ sucesión testamentaria", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenó regular los honorarios del albacea aunque, según las coherederas, su conducta fue inadecuada durante el proceso.
Los miembros del Tribunal confirmaron la sentencia de la anterior instancia y resaltaron que, más allá que las mujeres tenían derecho a presentar sus agravios, no significan un obstáculo para reconocer los honorarios que puedan corresponderle al albacea por las tareas efectivamente llevadas a cabo.

Los magistrados señalaron que si el testamento no establece la retribución que deba otorgarse al albacea, corresponde al juez determinarla, debiendo considerar el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios.

La base regulatoria de los honorarios del albacea es el monto del caudal relicto en tanto haya cumplido, actuaciones tendientes a liquidar los bienes que componen el patrimonio de la causante y a incorporarlos efectivamente al de los herederos, "más allá de la valoración que se haga respecto de la utilidad de las tareas realizadas y de las etapas en las que haya intervenido", explicaron los jueces.
Finalmente, los camaristas fijaron los honorarios del abogado interviniente en $40.000, teniendo en cuenta las actuaciones efectivamente cumplidas dentro del trámite sucesorio, con sus incidencias y particularidades.
Los magistrados señalaron que si el testamento no establece la retribución que deba otorgarse al albacea, corresponde al juez determinarla, debiendo considerar el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios.

La lista negra de abogados no llega a la Corte


La lista negra de abogados no llega a la Corte

La Sala VIII de la Cámara del Trabajo denegó, por no tratarse de una sentencia definitiva y por no suscitar "cuestión federal", un recurso extraordinario presentado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo contra la sentencia que ratificó la medida cautelar que frena por seis meses la resolución SRT Nº 760/17.
Se trata de la llamada "lista negra" de abogados laboralistas. La resolución crea el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) una "base de datos" que obliga a las ART a registrar planteos de inconstitucionalidad de la Ley 27.348 de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impone el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas jurisdiccionales.

La Cámara justificó la medida en el hecho de que "la vigencia del acto que se impugna tornaría, con el tiempo, abstracto al planteo mismo del escrito inicial".

Publicada en el Boletín Oficial a mediados de agosto de 2017, la resolución fue impugnada luego por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, que consiguió que la jueza Laura Castagnin dictara una medida cautelar suspendiéndola por seis meses o hasta el dictado de sentencia definitiva.

La magistrada, al resolver el planteo en el caso "Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medidas Cautelares” dio via libre a la precautoria por entender que se estaba ante "el supuesto de la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables”.

Apelado el fallo, la Cámara, integrada por los jueces Victor Pesino y Luis Catardo, ratificó la vigencia de la cautelar, tras adherirse a los fundamentos del fiscal general Eduardo Álvarez, quien consideró que en el caso el objeto de la cautelar "no se confunde con el objeto principal".

Para Álvarez, se trata en el caso una medida autosatisfactiva que "simplemente difiere en un tiempo, por cierto breve, la vigencia de lo resuelto", sin que se logre “evidenciar el perjuicio irremediable de una mera suspensión temporal”.

Por el contrario, para el fiscal se acreditó "la existencia de la verosimilitud en el derecho" como así también el peligro en la demora, dado en el hecho de que "la vigencia del acto que se impugna tornaría, con el tiempo, abstracto al planteo mismo del escrito inicial".


domingo, 13 de mayo de 2018

LENGUAJE E INFORMACIÓN JUDICIAL María Pía Boni Vocera de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe


Resultado de imagen para corte suprema de justicia santa fe
Como todos sabemos, la información es la materia prima con la que trabajan los
periodistas. Cuando la consiguen, solucionan un gran problema, ya que solo les resta
adaptarla al formato correspondiente, según el medio donde trabajen: radio, televisión,
publicaciones periódicas, Internet.
Sin embargo, para quienes cubren la fuente judicial, las cosas no son tan sencillas:
una vez que obtienen la información –sobre todo cuando se trata de una resolución
judicial–, deben enfrentar dos dificultades adicionales: comprender el texto al que
accedieron y, luego, hallar la manera de darlo a conocer utilizando términos comunes,
pero sin desvirtuar el contenido del mensaje.
Los jueces suelen redactar sus decisiones usando el lenguaje técnico –y abusando
de él–, propio de la Ciencia Jurídica y ajeno al saber popular. Ello, sin mencionar los
frecuentes errores de redacción, estructura gramatical y, en algunos casos, excesos de
latinismos.
Es fácil advertir, entonces, que el periodista judicial se ve forzado a cumplir el rol
de traductor. Para ello, en primer lugar, debe ser capaz de comprender el lenguaje
propio del ámbito jurídico y, en segundo lugar, tener la habilidad suficiente como para
reproducir la información a la que pudo acceder con la suficiente claridad, para que sea
comprendida por toda la comunidad, y no solo por las personas ligadas al ámbito del
Derecho.
Para resolver este problema, los medios de comunicación de mayor importancia
han incorporado en sus redacciones a abogados o a periodistas especializados en la
cobertura de temas judiciales.
Los jueces, por su parte, también se están preocupando por ser más comprensibles,
ya que la complejidad del lenguaje condiciona la transparencia de los actos judiciales.
Lenguaje y transparencia
1

Un informe presentado en julio de 2007 por el Observatorio de la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados –en colaboración con el
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría– señala el índice de credibilidad de la
Justicia Argentina en, apenas, un 11%1
.
Credibilidad y transparencia están estrechamente ligadas. Así lo entendieron los
responsables de los Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica: en una
Declaración firmada en Cancún, México (2002), señalaron que «los niveles de
credibilidad y confianza en la Justicia están relacionados... con la difusión de las
resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la
información pública»2
.
Y admitieron que no se trata tan solo de difundir información, sino de hacerlo de
forma sencilla, facilitando su comprensión. En efecto, la Carta de Derechos de las
Personas ante la Justicia en el ámbito Judicial Iberoamericano (producto de la Cumbre
citada) establece algunas pautas sobre lenguaje para contribuir a «una Justicia
comprensible»:
· Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de
términos intimidatorios innecesarios.
· Todas las personas tienen derecho a que, en las vistas y
comparencias, se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias
técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean
especialistas en Derecho. Los jueces y magistrados que dirijan los actos
procesales velarán por la salvaguarda de este derecho.
 Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles
por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin
perjuicio de su rigor técnico. Se deberá facilitar especialmente el
ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea
obligatoria la intervención del abogado.

1


En la última década, el uso de un lenguaje sencillo se ha convertido también en un
mandato ético. El Código de Ética que rige a los jueces santafesinos establece que la
información que se brinde a los medios de comunicación debe hacerse por escrito,
utilizando términos sencillos.
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, por su parte, afirma que «la
transparencia de las actuaciones del Juez es una garantía de la justicia de sus
decisiones» (art. 56), y le manda brindar «información útil, pertinente, comprensible y
fiable» (art. 57).
¿Lenguaje técnico... o lenguaje corriente?
En el II Congreso Iberoamericano sobre Capacitación Judicial (Mar del Plata,
noviembre de 2006), también se concluyó sobre la necesidad de utilizar un lenguaje más
sencillo en la redacción de las sentencias.
Sin embargo, no es posible eliminar por completo el uso de la terminología
jurídica, puesto que el vocabulario jurídico es constitutivo de la Ciencia del Derecho.
Ello hace que no pueda ser dejado a un lado en ciertos casos, como, por ejemplo,
cuando el Juez debe referirse a un delito (que para ser tal, debe responder exactamente
al concepto del Código Penal) y a los fundamentos legales de su configuración; o
cuando es necesario hablar de construcciones exclusivamente jurídicas, como pueden
ser la hipoteca o la usucapión.
Pongamos un ejemplo: si una persona se apodera sin derecho de una cosa ajena,
comete hurto; pero si para hacerlo, además, ejerce violencia, hay delito de robo, que
tiene una pena más grave. Por lo tanto, decir «robo» no es igual que decir «hurto»,
aunque, popularmente, ambos términos sean utilizados en forma indistinta.
Con esto queremos decir que, si bien es cierto que quienes operan el Derecho
(Jueces, funcionarios, abogados...) deben procurar que sus escritos sean comprensibles
por la sociedad en general –para así hacer más transparente su trabajo–, a veces resulta
Imprescindible el uso de términos técnicos propios de este saber científico que es la
Ciencia Jurídica.
En este sentido, Elena Highton, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (CSJN), dijo hace algunos meses que «existen límites a la posibilidad de
2
Liberalizar el lenguaje porque hay cuestiones técnicas que son difíciles de evitar, pero
Debemos tratar de acercar lo más posible las sentencias a la gente»3
.
Lenguaje y capacitación judicial
En el Poder Judicial de Santa Fe, estamos trabajando sobre el problema del
lenguaje: en el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial, brindamos a los
periodistas herramientas básicas para que comprendan la terminología jurídica: no con
la finalidad de que trasladen esos términos a sus crónicas, sino para que comprendan
mejor el contenido de las decisiones y puedan transmitirlas sin desvirtuar su sentido.
Para ello hemos confeccionado un glosario de términos jurídicos con las palabras de uso
más frecuente, sin olvidar aquellas que suelen emplearse en forma errónea.
En cuanto a los jueces y funcionarios, procuramos que aprendan a expresarse con
sencillez y claridad, tanto en la redacción de sus decisiones como en las audiencias
orales, de modo que los particulares puedan comprender el significado de los actos
judiciales en los que están involucrados.

La redacción de noticias, según la Jurisprudencia
Nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales garantizan la
libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que debe ser compatibilizado con
otros, como el derecho a la intimidad, la preservación de la identidad de menores,
víctimas y testigos, y la presunción de inocencia.
Si nos refiriéramos a un sujeto como autor de un delito cuando aún no se ha
dictado la sentencia, podríamos afectar injustamente el honor de esa persona y, quizá,
podríamos ser acusados por el delito de calumnias.
En el caso «Campillay, Julio c/La Razón» (1986) la CSJN dijo que un medio de
comunicación puede evitar responsabilidad por publicaciones de interés público que
puedan rozar la reputación de las personas, solo en tres circunstancias:
a) identificando la fuente donde obtuvieron la información;
b) utilizando potenciales;

4
Ver «Piden a los jueces que redacten los fallos en un lenguaje más claro», en La Nación, 26 de
noviembre de 2006.
5
c) manteniendo en reserva la identidad de los implicados en el asunto.
El diario La Razón había publicado el nombre de Julio Campillay, a quien
vinculaba a un asunto de tráfico de estupefacientes. La noticia no mencionaba ninguna
fuente de información, aunque en el juicio, se probó que habían recibido al respecto un
parte de prensa proveniente de la Policía.
El máximo Tribunal del país resolvió que era justo indemnizar a Campillay, ya
que la fuente no había sido citada en la noticia, con lo cual el medio había hecho suya la
información brindada.
Si la hubiera citado o si hubiera utilizado el verbo en potencial o hubiera
mantenido en reserva la identidad del involucrado, el medio no hubiera sido obligado a
pagar la indemnización.
Conclusión
El Poder Judicial no es ajeno al deber de transparencia que tiene que caracterizar a
los actos de gobierno.
Ese deber de transparencia supone dar a conocer las decisiones judiciales y
hacerlo de un modo sencillo, accesible a toda la comunidad.
Para que la información judicial llegue a su destinataria: la sociedad, es
imprescindible que el lenguaje utilizado sea comprensible. En lo posible, despojado de
tecnicismos.
Como alternativa, y en tanto la Ciencia del Derecho se vale de términos que le son
propios, parece aceptable –a veces, indispensable– incluir vocabulario técnico en el
discurso judicial, procurando siempre aclarar su significado.
No estaría de más que las sentencias incluyeran un breve y sencillo resumen de la
decisión e, incluso, de sus fundamentos, de modo tal que los particulares no necesitaran
de la «traducción» de los abogados para entender su contenido.
El uso del lenguaje corriente debería caracterizar la redacción de los actos
judiciales destinados al público en general (sentencias, notificaciones, actas de
audiencias...) y la expresión oral en las actuaciones que involucren a particulares;
especialmente, cuando las personas no cuentan con la asistencia de un abogado.

martes, 8 de mayo de 2018

Mi rostro no sale en TV ni en Youtube


Un hombre se presentó ante la Justicia solicitando que el canal de noticias C5N no publique más un informe sobre él en un programa de policiales. También pidió que se ordene a Google que se impida la reproducción del show por Youtube. Se suscitó un conflicto de competencia.

Mi rostro no sale en TV ni en Youtube




Tramitará ante la Justicia Civil y Comercial Federal un amparo presentado por un hombre que buscaba el cese de la reproducción de un programa de televisión y su repetición en Youtube.

Así lo dispuso la Cámara del fuero al resolver una contienda de competencia entre un magistrado de grado con otro Civil, en la causa “O.H.A. c/ C5N Televisión y otros s/ amparo”

El amparo buscaba que se obligue al canal C5N de televisión abierta el cese en la exhibición de su imagen “con la correspondiente retractación y pedido de disculpas de forma pública a través del programa de casos policiales y/o judiciales El Expediente”.

El juez Civil y Comercial sostuvo que la causa se trataba de una afectación de los derechos personalísimos del actor, como el honor, imagen, nombre e intimidad, que es una cuestión regida por normas de derecho común, por lo que el expediente debía tramitar en un Juzgado Civil, lo que no fue aceptado por este último.

Pero además, al estar en la era del Streaming, el accionante intentó evitar su reproducción en internet, por lo que pidió que se ordene a Youtube Argentina – por intermedio de Google- que interrumpan la reproducción de dicho programa televisivo en la web y supriman los links al mismo

El juez Civil y Comercial sostuvo que la causa se trataba de una afectación de los derechos personalísimos del actor, como el honor, imagen, nombre e intimidad, que es una cuestión regida por normas de derecho común, por lo que el expediente debía tramitar en un Juzgado Civil, lo que no fue aceptado por este último.



Los miembros del Tribunal de Alzada le atribuyeron competencia federal al reclamo dado que “la materia se refiere a actividades llevadas a cabo por vía de internet, que es un medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local”.

Al fundar su decisión, la Sala III de la Cámara, integrada por los jueces Guillermo Antelo y Ricardo Recondo, ponderó que el reclamo que formula el actor “está dirigido a proteger su nombre e imagen debido a la difusión -principalmente a través de la web- de información que lo vincula con un hecho delictivo que no habría cometido”.

En ese contexto, los miembros del Tribunal de Alzada le atribuyeron competencia federal al reclamo dado que “la materia se refiere a actividades llevadas a cabo por vía de internet, que es un medio de interrelación global que permite acciones de naturaleza extra local”.

A no meterse con la libertad de expresión en Facebook


A no meterse con la libertad de expresión en Facebook

La Cámara Federal de Mendoza ratificó el rechazo de una medida autosatisfactiva en la 

que se pretendía eliminar una “publicación injuriante” en la que se denunciaban irregularidades en una local gastronómico, tanto del perfil que inició la publicación, como “de la página que le dio difusión mediante un artículo periodístico”.

El fallo, dictado por la Sala B de la Cámara en los autos “O.P.R. C/ Facebook Argentina SRL s/ Medida Autosatisfactiva” confirma así el temperamento de primera instancia, donde se desestimó el pedido por entenderse que la actividad de las demandadas constituye el ejercicio regular del derecho a la libertad de expresión, que “por sí sola, no puede constituir como ilícito ningún acto”.

El presunto damnificado por la publicación había solicitado por vía judicial que se ordene a Facebook que se abstenga “de habilitar el uso de enlaces, blogs, foros, grupos, sitios de fans, o cualquier otro espacio web dentro de la red social” en los que se “injurie, ofenda, agreda, vulnere, menoscabe o afecte de cualquier manera el nombre, el honor, la imagen, la intimidad y/o la integridad” de usuario y del comercio que gestiona.

En su apelación, el accionante intentó rebatir el argumento del rechazo asegurando que Google y Facebook “no son los titulares del derecho a la libertad de expresión en juego ni tampoco son las que ejercen ese derecho” sino que lo son los usuarios de Facebook y los titulares de los dominios que Google. “Ellas sólo otorgan un medio para el ejercicio de los mismos”, destacó.



El fallo destaca que las publicaciones se realizan en Facebook, pero el destinatario de la medida no es el/los autores del contenido que se objeta "sino un intermediario que proveería la plataforma de la página (Facebook y Google)”



Sin embargo, los camaristas Alfredo Porras, Manuel Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios entendieron que no estaba acreditada la verosimilitud del derecho. Pese a que el actor adjuntó al expediente las capturas de pantalla de Google y Facebook, con los comentarios de los usuarios y demás, para los magistrados “ello sólo demostraría la existencia de tales comentarios, pero no la veracidad o falsedad del hecho que es causa de los mismos”.

“Adviértase, que tales publicaciones se realizan en la red social Facebook, pero el destinatario de la medida no es el/los autores del contenido que se objeta, con quien podría ser confrontada la verdad o falsedad de la información, sino un intermediario que proveería la plataforma de la página (Facebook y Google)”, puntualiza la sentencia.

“Este Tribunal no podría restringir la libertad de expresión de los usuarios de Facebook- tanto los particulares como el Diario-, quienes son los que verdaderamente detentan tal derecho, sin tener por acreditada la falsedad y perjuicio que tales dichos han ocasionado”, agrega el fallo de la Cámara Federal que concluye que en el caso “debe priorizarse la libertad de expresión por sobre el derecho personalísimo invocado por la actora”.

jueves, 3 de mayo de 2018

Casación confirmó la condena por violación al futbolista Alexis Zárate.


Resultado de imagen para alexis zarate letonia

La Sala II de la Cámara de Casación Penal bonaerense rechazó el recurso presentado por la defensa del exfutbolista de Independiente Alexis Zárate y confirmó la condena a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado que, en septiembre pasado, le impuso el Tribunal Oral N°1 de Lomas de Zamora.

La resolución fue dictada por los camaristas Fernando Luis Mancini y Martín Ordoqui, que tuvieron en cuenta la cuestión de género y tomaron como prueba la declaración de la víctima, Giuliana Peralta, a quien entrevistaron personalmente. Debido a que la condena es de cumplimiento efectivo, el Tribunal que condenó al futbolista deberá decidir si ordena la detención del futbolista en las próximas horas.

Zárate, de 23 años, está actualmente en Letonia, donde juega en el FK Liepaja desde fines de marzo. Llegó a Europa con permiso de la Justicia para poder desempeñarse en otra liga profesional. Su defensa había pedido que se le permitiera fijar domicilio en esa ex república soviética, pero el mes pasado el tribunal le denegó el pedido, le ordenó que fije domicilio en Avellaneda y le indicó que debía presentarse el 10 de este mes. La Argentina y Letonia no tienen convenio recíproco de extradición.


A partir de la reconstrucción del hecho realizada durante el proceso judicial se determinó que el 16 de marzo de 2014, Giuliana Peralta fue llevada por su novio de entonces, el delantero de Independiente Martín Benítez, al departamento que compartían Zárate y otro futbolista, en Brandsen 5980, Wilde.

La pareja mantuvo relaciones sexuales. Se quedaron dormidos. Avanzada la madrugada llegaron Zárate y otro futbolista. Giuliana no recuerda en qué momento le corrieron la ropa interior, pero sí que, segundos después de ser penetrada, alguien que no era su novio le dijo al oído: "¿Vos te cuidás?"

Comenzó a forcejear y a gritar, sin lograr que Benítez se despertara; sólo cuando Zárate eyaculó y salió del cuarto, ella gritó "me violaron" y zamarreó a su pareja, que al fin abrió los ojos. El delantero intentó calmarla y hacerla desistir de contar lo que había pasado, pero Giuliana, vejada, sólo quería irse de ahí. Llegó a su casa y cuando al mediodía su madre la vio, demacrada, fue a la comisaría y puso en marcha la maquinaria judicial.

"Espero que se haga justicia y que vaya preso, por mí y por todas las chicas a las que les puede llegar a pasar esto", sostuvo la joven luego de escuchar el veredicto que, ahora, está a un solo paso de cumplirse de forma efectiva.

lunes, 30 de abril de 2018

RESPONSABILIDAD PARENTAL


Resultado de imagen para padre e hijo
 Con la implementación del nuevo Código Civil, se modificaron sustancialmente los términos respecto de los hijos ante la separación de las parejas, sean casados o convivientes.
No se habla más de tenencia, sino de responsabilidad parental, es decir, del cuidado personal de los hijos
A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código, la responsabilidad parental es compartida y la tenencia no está más a cargo de un solo papá. La misma se acuerda con un plan de parentalidad en el que se pacta el cuidado personal de los hijos, el cual puede ser personal o indistinto.
El plan de parentalidad debe contener con qué padre va a vivir el niño, qué deberes y funciones asumirá cada uno, cómo será el régimen de comunicación, cómo se va a informar un padre con respecto al otro, quién va a asumir los gastos de los hijos y entre otras cuestiones de la vida cotidiana del niño, quién le firmará el boletín del Colegio, quién lo llevará al médico, etc.
El nuevo Código iguala las funciones del papá y la mamá para que no haya padres que antes sólo se limitaban a ser meros visitadores de los niños.
El plan de parentalidad no implica el cese de la cuota alimentaria y en el caso de familias ensambladas, es decir, las que contemplan "los míos, los tuyos y los nuestros", está contemplado que el padre o madre afín puede asumir alguna de las funciones cotidianas, algo que ya ocurre en la práctica.
El Código ha tratado de modernizarse en cuestiones de Familia y recepciona situaciones de vida cotidiana que se suscitan en estos tiempos.

domingo, 29 de abril de 2018

En el día del animal recordamos a BONECO el gran compañero del Rey de copas:


Resultado de imagen para BONECO MASCOTA DE INDEPENDIENTE

En el mundo lleno de historias de la Copa Libertadores también hay lugar para él. No fue goleador, ni tampoco un entrenador que guió a sus jugadores a practicar un fútbol que quedó en el recuerdo de todos, no era ese masajista que es confidente de los jugadores, ni el presidente que armó el plantel que llevó a un club a lo más alto del continente. Él era distinto, quizás único en la historia del certamen más prestigioso de América. El protagonista de esta gran historia era Boneco, el perro 'amuleto' del  Independiente multicampeón de la década del 70. Entra y conoce su historia...

"Cada vez que íbamos a la cancha a ver a Independiente, esperábamos que el primero que salga a la cancha sea Boneco. Y cuando la gente lo veía correr con la banderita en la boca explotaba de alegría, porque él contagiaba un optimismo único". Las palabras de Edgardo, un asiduo plateísta del Rojo de Avellaneda, no hacen más que poner en contexto la importancia que tenía este famoso 'hincha' de cuatro patas para el club más ganador en el máximo continental.



La historia de este famoso canino, que de un instante para otro saltó del anonimato a la fama, se inició en un oscuro puente del barrio porteño de Palermo. Allí estaba Juan Carlos Malodín, un indigente brasileño al que los vecinos de la zona apodaban Lolo y que se encontraba postrado y enfermo, a la espera del peor final. Pero parece que la suerte le envió un ángel de cuatro patas, que también se encontraba solo y de raza indefinida que le cambiaría la vida para siempre. Los memoriosos aseguran que el hombre sufría con una gangrena fulminante en una de sus piernas. Las esperanzas eran nulas, pero el perrito le empezó a lamer las heridas hasta salvarlo milagrosamente de la amputación.



Ya salvado, Lolo se dedicó a enseñarle piruetas a un Boneco, que aprendía rápidamente, lo que lo hizo animar fiestas infantiles y formar parte de algún circo para ganarse la vida. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Independiente y la Copa Libertadores?
Ricardo Pavoni, el capitán de aquél Rojo que logró el tetracampeonato de América (72-73-74-75) habla en un  reportaje de lo importante que era Boneco para aquel mítico plantel: "Un día entró Lolo al vestuario y nos comentó que su sueño era que Boneco entre al campo de juego con nosotros. En ese momento se permitía entrar con animales a la cancha así que como él era un perro amaestrado no tuvimos problemas en aceptar". El Chivo recordó que lo que empezó como un favor se terminó transformando en religión: "Siempre venía cuando jugábamos en Avellaneda y un par de veces nos acompañó cuando fuimos al interior. Era uno más del plantel, nosotros lo queríamos mucho y nos hacía muy bien que estuviera en los partidos".

Pero no solo el férreo defensor se refería a lo importante que era el perro para Independiente: “En el mundo del fútbol las cábalas existen y son muy fuertes, Boneco era un Talismán de la suerte, y cuando nos falta sentimos su ausencia como la de uno de nosotros”, dijo alguna vez el enorme Ricardo Bochini. El entrenador Pipo Ferreiro aseguró: "Boneco era un integrante más y cuando  Independiente viajaba al exterior tenia un pasaje y un pasaporte para él, se cansó de salir campeón”.

La leyenda también cuenta que Pavoni antes de salir a la cancha en un partido definitorio de Copa aseguró: “Si Boneco entra a estos estadios tan llenos y no se achica. ¿Cómo vamos a arrugar nosotros?". Tal era la importancia del canino que hasta los rivales querían conocerlo. Una vez el exquisito delantero peruano Percy Rojas, posteriormente campeón con Independiente, explicó que jugando para Universitario de Lima quería visitar a Independiente para conocer a la famosa mascota: “Era conocido en muchos países, porque cuando llegábamos a Argentina todos querían conocer al perro famoso de Independiente. En el Perú todavía se lo recuerda”.



El vínculo de Boneco y el plantel iba más allá del campo de juego. En las grandes cenas que acostumbraba a tener el multicampeón de América el perro y su dueño hacían un truco que todavía hoy los protagonistas recuerdan: "Lolo le daba un pañuelito y le decía el nombre de alguno de nosotros, por ejemplo, 'lleváselo a Bertoni' y Boneco se lo llevaba. Todavía no entiendo como lo hacía. Era un perro muy especial". Tan especial que su popularidad se incrementaba día a día y llegó a la TV, siendo la mascota de la tira "Gorosito y Señora" que transmitió Canal 13 en 1971.

Con el paso del tiempo la salud de Lolo empeoró y el vínculo era tan grande que tras fallecer, Boneco pasó todo el velatorio tirado debajo del ataúd. Cuando el cuerpo fue llevado a su morada final, el perro se echó al lado de la tumba y se negó a recibir cualquier alimento, muriendo de hambre y de sed, reafirmando, con esta actitud, que nunca más se separarían. Un campeón con todas las letras tanto en la Copa Libertadores como en la vida...

29 de abril, DÍA DEL ANIMAL – DEBEMOS VELAR POR SUS DERECHOS


Resultado de imagen para golden retriever wallpapers

LEYES NACIONALES

LEY 14.346 – MALOS TRATOS Y ACTOS DE CRUELDAD A LOS ANIMALES
LEY 23.094/84 – BALLENA FRANCA AUSTRAL
LEY 25.052/98 – PROHIBICIÓN DE CAZAR ORCAS
LEY 25.463/01 – YAGUARETÉ, DECLARACIÓN DE MONUMENTO NATURAL
LEY 25.577/0 – PROHIBICIÓN DE CAZA DE CETÁCEOS

LEYES PROVINCIALES:

LEY 13.879 – PROHÍBE LA PRÁCTICA DE SACRIFICIOS DE PERROS Y GATOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS OFICIALES EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA Y CONDENA LOS MALOS TRATOS Y ACTOS DE CRUELDAD CONTRA ANIMALES, EN CONSONANCIA CON LA LEY 14.346 NACIONAL.
LEY 1.194 – DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

CONSTITUCIÓN NACIONAL – PRIMERA PARTE – CAPÍTULO SEGUNDO
NUEVOS DERECHOS Y GARANTÍAS: ARTÍCULO 41 Y ARTÍCULO 43

CABA

LEY 1338/04 – CONTROL POBLACIONAL DE ANIMALES DOMÉSTICOS
LEY 1446/04 – PROHIBICIÓN DE CIRCOS CON ANIMALES

sábado, 28 de abril de 2018

FALLOS: Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe Acción de amparo destinada a la adjudicación de una vivienda a una mujer con una grave discapacidad y madre de una menor




Resultado de imagen para Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe

Partes: D. M. E. c/ Gobierno de Santa Fe -Amparos- (EXPTE. 21-00861319-9) s/ recurso de inconstitucionalidad (concedido cámara)
Fecha: 24-oct-2017
Cita: MJ-JU-M-108403-AR | MJJ108403 | MJJ108403
Fallo:
En la ciudad de Santa Fe, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, se reunieron en acuerdo los señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, doctores Roberto Héctor Falistocco, María Angélica Gastaldi, Rafael Francisco Gutiérrez, Mario Luis Netri y Eduardo Guillermo Spuler, con la integración de los señores Jueces de Cámara doctores Santiago Andrés Dalla Fontana, Oscar Raúl Puccinelli y Abraham Luis Vargas, con la presidencia del titular doctor Daniel Aníbal Erbetta, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “D., M. E. contra GOBIERNO DE SANTA FE -AMPAROS- (EXPTE. 21-00861319-9) sobre RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO CÁMARA)” (Expte. C.S.J. CUIJ N°: 21-00861319-9). Se resolvió someter a decisión las siguientes cuestiones:
PRIMERA: ¿es admisible el recurso interpuesto?
SEGUNDA: en su caso, ¿es procedente?
TERCERA: en consecuencia, ¿qué resolución corresponde dictar? Asimismo, se emitieron los votos en el orden en que realizaron el estudio de la causa, o sea, doctores: Falistocco, Erbetta, Gastaldi, Spuler, Gutiérrez, Netri, Puccinelli, Dalla Fontana y Vargas.
A la primera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
1. Por resolución registrada en A. y S. T. 253, págs. 493/539, esta Corte -integrada- declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra el acuerdo de fecha 9 de agosto de 2010 (fs. 1020/1023), dictado por la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe y, en consecuencia, anuló la resolución impugnada, remitiendo los autos al tribunal subrogante a fin de que dictara nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas sentadas en el decisorio de este Tribunal.
2.Reenviada y recaída la causa ante la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Santa Fe, mediante resolución 79 del 12.09.2014, ésta -por mayoría- admitió parcialmente la acción de amparo ordenando a la demandada que le otorgue a la actora una suma mensual igual a la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central, tal como fuera ordenado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 mediante resolutorio de fecha 02.07.2014, que se mantendrá hasta que se haga efectivo el empleo y continuará si, por su probado estado de salud se viera impedida de acceder al trabajo, salvo que la actora no acceda a cumplimentar los recaudos que se le exijan en orden a comprobar su actual estado de salud, antecedentes laborales, etc., rechazando las otras pretensiones incluidas en la demanda, disponiéndose que las costas de baja instancia y la alzada se distribuyan por el orden causado atento los vencimientos recíprocos.
3. Contra dicho pronunciamiento la actora interpone su recurso de inconstitucionalidad, tachándolo de arbitrario por violar en forma manifiesta: los artículos 6, 9, 14, 15 y 95 de la Constitución provincial; 16, 17, 28, 31 y 65 inc. 23 de la Constitución nacional; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; la ley 25580; las Cien Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad y por no constituir una derivación razonada del derecho aplicable al caso y de la prueba rendida en autos.
Memora que su recurso de amparo contenía cuatro pretensiones:a) vivienda; b) asignación dineraria; c) prótesis; d) condena en costas; donde la prótesis había sido obtenida por vía alternativa quedando pendientes las demás cuestiones respecto de las cuales la Cámara -fundándose en una interpretación minoritaria de la Corte- sólo hizo lugar a la asignación dineraria y rechazó la adjudicación de una vivienda conforme a sus condiciones de salud, estableciendo las costas por su orden, lo que supone -dice- la ruptura del principio de congruencia y el incumplimiento del mandato establecido por la mayoría de la Corte.
Insiste que la sentencia resulta arbitraria e irrazonable por no corresponderse con el voto de la mayoría que declaró procedente la pretensión de que se otorgue la vivienda solicitada y por efectuar una interpretación equivocada de las Convenciones Internacionales invocadas por la Corte en su fallo, recurriendo a meros formalismos tales como: que no se probó que no se le haya permitido inscribirse para acceder a una vivienda en el marco de los planes ejecutados en la Provincia; no se demostró suficientemente la necesidad de la actora de contar con una vivienda de esas características y otros; se deben reconocer los derechos de las personas con incapacidad pero sin caer en irracionalidad; no se puede otorgar la vivienda porque hay infinidad de individuos que por su precaria condición social también necesitan de una.
Le atribuye al pronunciamiento haber incurrido en una contradicción esencial y en incongruencia al realizar, por un lado, una reseña de la normativa internacional, constitucional, nacional y provincial respecto al derecho a la vivienda digna y, por el otro, aducir que ello es simplemente un objetivo de máxima que no se identifica con una acción positiva del Estado frente al caso concreto.
Le achaca -en esencia- al Judicante haber reconocido el derecho a la salud y asistencia a personas con capacidades diferentes pero con una interpretación que responde a viejos moldes y no a una concepción moderna que exige al Estado Provincial otorgar una vivienda adecuada al grado de discapacidad de la reclamante sin perjuiciode obligaciones parentales o sistemas asistenciales y a los jueces brindar una solución concreta al caso en cuestión.

En ese orden de reflexión, efectúa un análisis de los aspectos particulares de la ley 26378 que aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y que la convierte en derecho interno argentino directamente aplicable, citando doctrina y jurisprudencia para abonar su postura.
Afirma que el Sentenciante apelando a cuestiones de puro rito formal omite dar una solución concreta al reclamo de su parte obligando al Estado a tomar medidas de acción positivas a favor de las personas con discapacidad.
Por último, refiere que el conflicto sustancial con el fallo de la Cámara considera que los derechos humanos fundamentales de las personas con discapacidad no son directamente operativos sino que requieren de medidas concretas del poder administrador, vulnerando los tratados internacionales citados y la Constitución nacional y provincial.
4. Por auto 92 de fecha 16.05.2016, la Alzada concedió el recurso de inconstitucionalidad (fs. 1436/1437).
A su turno, el señor Procurador General juzgó admisible el presente remedio de excepción (fs. 1444/1445).
5.El examen que prescribe el artículo 11 de la ley 7055, me conduce a propiciar un criterio acorde con el sostenido por la Cámara y el Procurador General a favor de la admisibilidad del recurso.
Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Spuler, Gutiérrez y Netri, y los señores Jueces de Cámara doctores Puccinelli, Dalla Fontana y Vargas, expresaron idéntico fundamento al vertido por el señor Ministro doctor Falistocco y votaron en igual sentido.
A la segunda cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
Ante todo, corresponde delimitar el ámbito cognoscitivo de la presente impugnación cuyo objeto no es otro que el control de constitucionalidad que debe efectuarse de la sentencia recurrida acerca del cumplimiento de las pautas sentadas por esta Corte al anular el primigenio decisorio de la Sala.
Este análisis impone rememorar la doctrina fijada por esta Corte “in re” “Gázquez” (A. y S., T. 101, pág.315) respecto de las particularidades que exhibe el reenvío dispuesto como consecuencia de la revocación y/o nulidad de sentencia por el carril del recurso de inconstitucionalidad.
En esa oportunidad, este Tribunal sostuvo:
(“.) El artículo 12 de la ley establece claramente que cuando se estimare procedente el recurso en los casos 1 y 2 del artículo 1, revocará la resolución recurrida en cuanto ha sido materia del recurso y devolverá los autos al tribunal de origen para que se pronuncie nuevamente de conformidad con la doctrina constitucional aceptada y aplicará las costas al vencido; en su defecto confirmará la resolución en recurso, con costas al recurrente.
En el caso del inciso 3 del artículo 1, si estimare procedente el recurso anulará la sentencia impugnada y remitirá la causa a otro juez o tribunal para que sea nuevamente juzgada e impondrá las costas al vencido; en su defecto, desestimará el recurso con costas al recurrente.
Esto significa, a estar a la letra y el espíritu de la ley, que dejando al margen los supuestos de los incisos 1 y 2 ya referidos, donde la Corte sienta doctrina constitucional, en la hipótesis del inciso 3, el reenvío se efectúa precisando el vicio descalificante en que incurrió el tribunal de origen (así, vgr.haber prescindido de una prueba que era decisiva, no haber resuelto una cuestión planteada, etc.) y dejando libertad de juzgamiento al tribunal subrogante.
Pero, ese ámbito de decisión está limitado por la circunstancia de que se trata de eliminar en el nuevo decisorio a dictarse la posibilidad de incurrir en la misma violación del derecho a la jurisdicción en que incurriera el órgano recurrido.
De modo tal que si, por ejemplo, este Cuerpo entiende que en la sentencia impugnada se ha valorado arbitrariamente una prueba, el tribunal subrogante no puede mantener al respecto el mismo criterio sustentado por el órgano de origen, y que sirvió de soporte para descalificar el primer pronunciamiento, porque ello atentaría de modo flagrante con la cosa juzgada emanada del fallo de la Corte y conduciría de seguro a una segunda anulación. Así podría acontecer también, si, en otra hipótesis, este Tribunal, estimando que ha mediado apartamiento del t exto expreso de la ley, efectúa una declaración explícita o implícita de que el nuevo fallo a dictarse debe atender a esa normativa: esa declaración, naturalmente, vincula al tribunal subrogante (“.”).
A la luz de estas premisas fundamentales, corresponde adelantar que el pronunciamiento impugnado no se ajusta a las conclusiones que, de modo irreversible, emergen del fallo de la Corte.
En efecto, y sin perjuicio de las consideraciones que a su hora emití a través de mi voto, lo cierto es que fue el voto de la señora Ministra doctora Gastaldi el que hizo mayoría por la adhesión del señor Presidente doctor Erbetta, el señor Ministro doctor Spuler y el señor Juez de Cámara doctor Vargas y el que, por lo tanto, debía operar como directiva inexcusable para el Tribunal subrogante.
Desde tales coordenadas cabe rememorar que en dicho voto se dejó claramente sentado que:a) “(.) en las particularidades fácticas y jurídicas relatadas, el caso sometido a examen no permite que se extienda en el tiempo una larga discusión en el marco de trámites ordinarios, porque conforme a la naturaleza de los derechos comprometidos y las trascendentales circunstancias invocadas (mujer de 49 años con una grave discapacidad y madre de una niña) podrían verse comprometidos -en definitiva- la vida misma de la recurrente, sumado al hecho de que -además- existiría una menor de edad que se encuentra a cargo de aquélla y en potencial situación de desamparo frente a la eventual pérdida de su progenitora. Existe, en consecuencia, ‘urgencia vital’ por la gravedad e irreparabilidad del perjuicio” (fs. 1285v./1286); b) “(.) la respuesta de la Cámara -en tanto rechazó la apelación con el sólo argumento de la falta de operatividad del derecho a la vivienda- se desentendió de dar respuesta a los planteos efectuados y de analizar la realidad del caso. Pues, más allá del título con que pudiera ser asignada aquélla, lo cierto es que no media cuestionamiento alguno respecto a que el tratamiento de rehabilitación requería que se proveyera de una vivienda a tales necesidades terapeúticas” (f. 1286); c) “(.) aun si pudiera entenderse que la pretensión involucra el reclamo de la adjudicación en propiedad y que desde esa perspectiva se considera un derecho social no directamente operativo, lo cierto es que la Cámara desplazó toda consideración de la tutela requerida y se desentendió de acordar una solución compatible con la efectividad de la preservación de la vida y salud de la reclamante. Siendo que -como se dijo- no se encuentra en discusión que en el ‘sub judice’ el requisito de contar con una vivienda adecuada resulta condición inescindible para garantizar los derechos de la amparista” (fs.1286/1286v.) (El subrayado me pertenece).
Esos lineamientos constituían cosa juzgada de inexorable acatamiento para el Tribunal subrogante y también -vale aclarar- para todos los integrantes de este Alto Tribunal, incluso para aquellos miembros que votaron en disidencia, todo ello conforme a la mecánica prevista por el artículo 12 de la ley 7055.
Es que si bien es rigurosamente exacto que la Corte provincial, al anular el fallo de un tribunal inferior y reenviar la causa para un nuevo juzgamiento, no sustituye a la instancia ordinaria en su propia competencia, no es menos cierto que en el control constitucional por arbitrariedad deviene con frecuencia inevitable, por la materia misma objeto de revisión, que el Supremo Tribunal arribe a concretas conclusiones de hecho y de derecho. Y tales conclusiones, desde luego, son obligatorias para el tribunal ordinario subrogante (vid., por todos, “Gázquez”, ant. cit.).
Este valor de lo decidido para el caso por la Corte, tiene que ser aceptado por el Tribunal inferior, pues de lo contrario, no sólo queda comprometida la seguridad jurídica, sino también la economía procesal y el sistema de instancias y jerarquías con las que se estructura el Poder Judicial; lo que hace prevalecer los criterios de las instancias superiores sobre las inferiores no es la mayor justicia o sapiencia jurídica, sino simplemente aquel carácter de orgánicamente superior (A. y S. T. 236, págs.330/335).
Sin embargo, de la lectura del pronunciamiento ahora impugnado surge con claridad que los mandatos dispuestos por este Tribunal no han sido cumplidos por la mayoría de los vocales que integraron la Cámara para juzgar el caso por segunda vez.
Efectivamente, los Sentenciantes -por mayoría-, cuando en autos constituía un tema definitivamente zanjado por esta Corte de que se le debía otorgar a la actora una vivienda acorde a sus necesidades terapéuticas, resolvieron, no obstante, denegar dicha pretensión.

A ello se agrega la ausencia de un discurso orientado a proporcionar nuevos argumentos que puedan justificar eventualmente la modificación de la tesis adoptada por este Tribunal en el fallo primigenio, centrándose lo decidido en una reproducción de los fundamentos que -a su turno- vertió la doctora Serra al integrar este Cuerpo, en un voto que -cabe recordar- no hizo mayoría.
Tal marginación efectuada por la Cámara de las directivas fijadas en autos por la Corte, atenta contra la cosa juzgada emanada de las sentencias dictadas por este Tribunal en sucesivas instancias de control constitucional, importando ello, además de un caso de arbitrariedad (vid. Fallos:245:429; 252:186; 255:119; 264:444; 270:335; 307:1779; 317:95, etc.), un desconocimiento de la autoridad y el poder jurisdiccional que inviste esta Corte Suprema en cuanto máximo tribunal en el orden santafesino.
Lo dicho en precedencia conduce a colegir que la respuesta jurisdiccional, en tanto rechaza la pretensión de una vivienda acorde a las necesidades terapéuticas de la actora, no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción que acuerda la Constitución de la Provincia.
Las razones expuestas determinan la procedencia del recurso interpuesto, debiendo remitirse los autos al subrogante legal a fin de dar respuesta suficiente a la cuestión referida.
Así voto.
A la misma cuestión el señor Presidente doctor Erbetta dijo:
1.En el “sub judice”, la recurrente acude una vez más a la instancia extraordinaria alegando que los sentenciantes realizaron una desinterpretación de los lineamientos fijados por esta Corte, arribando a un fallo arbitrario que desconoce los derechos comprometidos y las particulares circunstancias de la causa.
Tal cuestionamiento exige realizar un análisis de lo dicho por esta Corte al resolver el recurso de inconstitucionalidad anteriormente planteado en la causa, a los fines de determinar -en consecuencia- si la sentencia impugnada ha supuesto o no un apartamiento de lo decidido por este Tribunal.
En tal oportunidad se consideró que por “las particularidades fácticas y jurídicas relatas por la ocurrente, el caso sometido a examen no permite que se extienda en el tiempo una larga discusión en el marco de trámites ordinarios, porque conforme a la naturaleza de los derechos comprometidos y las trascendentales circunstancias invocadas (mujer de 49 años con una grave discapacidad y madre de una niña) podrían verse comprometidos -en definitiva- la vida misma de la recurrente, sumado al hecho de que -además- existiría una menor de edad que se encuentra a cargo de aquélla y en potencial situación de desamparo frente a la eventual pérdida de su progenitora. Existe, en consecuencia, ‘urgencia vital’ por la gravedad e irreparabilidad del perjuicio”.
A lo que se agregó que “la respuesta de la Cámara -en tanto rechazó la apelación con el sólo argumento de la falta de operatividad del derecho a la vivienda- se desentendió de dar respuesta a los planteos efectuados y de analizar la realidad del caso. Pues, más allá del título con que pudiera ser asignada aquélla, lo cierto es que no media cuestionamiento alguno respecto a que el tratamiento de rehabilitación requería que se proveyera de una vivienda a tales necesidades terapéuticas.Apreciación ésta que no pudo eludirse en el marco del amparo intentado por la recurrente con fundamento en la urgencia de la atención de su salud, derecho cuya operatividad ciertamente habilitaba al Sentenciante a proveer las medidas conducentes a tales fines. Es que, aun si pudiera entenderse que la pretensión involucra el reclamo de la adjudicación en propiedad y que desde esa perspectiva se considerara un derecho social no directamente operativo, lo cierto es que la Cámara desplazó toda consideración de la tutela requerida y se desentendió de acordar una solución compatible con la efectividad de la preservación de la vida y salud de la reclamante. Siendo que -como se dijo- no se encuentra en discusión que en el “sub judice” el requisito de contar con una vivienda adecuada resulta condición inescindible para garantizar los derechos de la amparista” (A. y S., T. 253, pág. 493).
Teniendo en cuenta tales consideraciones se concluyó que resultaba de aplicación al caso la reiterada jurisprudencia de esta Corte según la cual las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones oportunamente propuestas por las partes y que pudieren resultar conducentes para la solución del litigio, como también aquellas que se apoyan en aseveraciones dogmáticas, carecen de fundamento suficiente para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y deben ser dejadas sin efecto; por lo que correspondía que se dicte una nueva sentencia.
2. Radicada la causa ante el Tribunal subrogante, éste resolvió “1) Admitir parcialmente el recurso de apelación y, en consecuencia, hacer lugar parcialmente a la acción de amparo, ordenando a la demandada otorgue a la actora una suma mensual igual a la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central (.) que se mantendrá hasta que se haga efectivo el empleo y continuará si por su probado estado de salud se viera impedida de acceder al trabajo, salvo que la actora no acceda a cumplimentar los recaudos que se le exijan en orden a comprobar su actua l estado de salud, antecedentes laborales, etc.y rechazar las otras pretensiones incluidas en la demanda. 2) Las costas de primera instancia y de la Alzada se distribuirán en el orden causado, atento los vencimientos recíprocos” (f. 1359).
3. El detenido examen del pronunciamiento impugnado me convence de que los agravios de la recurrente deben prosperar, puesto que la respuesta jurisdiccional consagrada en el mismo no satisface adecuadamente el mandato impuesto por esta Corte Suprema en su sentencia de fecha 20 de noviembre de 2013, extremo que torna procedente el remedio intentado.
En ese orden cabe recordar que por elementales exigencias vinculadas al principio de inviolabilidad de la cosa juzgada, que interesan directamente a la seguridad jurídica (y también por consideraciones vinculadas a la economía procesal y al respeto debido a la estructura jerárquica del Poder Judicial), los tribunales encargados de juzgar por reenvío en expedientes devueltos por esta Corte de conformidad al artículo 12 de la ley 7055, deben sujetarse a la decisión del tribunal superior, que les establece el marco dentro del cual corresponde “juzgar nuevamente la causa”, sin que puedan adoptar otros criterios distintos, aun cuando los mismos resulten razonables en su consideración abstracta.
Tal situación es la que se verifica en el “sub examine”, pues frente al claro dictum de este Tribunal referido a la necesidad de que se otorgue a la actora una vivienda acorde a sus necesidades terapéuticas, la Alzada -tomando nota de un voto minoritario de la Corte integrada- arribó injustificadamente a una solución distinta, que en definitiva se desentiende una vez más de las circunstancias comprobadas de la presente causa, signadas por la grave desprotección de la esfera de derechos esenciales de una mujer soltera con una discapacidad superior al 75 por ciento y que tiene a su cargo una hija menor de edad, quien ha acudido a estos estrados a fin de que se ordene judicialmente la provisión de una tutela suficiente por parte del Estado, cuyos alcances fueron establecidos oportunamente por este Tribunal en ejercicio de sus competencias propias a través de una decisión que, sin embargo, no hasido adecuadamente interpretada ni seguida por los jueces de la causa.
En consecuencia, el presente recurso debe prosperar, anulándose la sentencia en revisión por no reunir las condiciones exigidas por el orden fundamental para satisfacer el derecho a la jurisdicción -artículo 95, C.N.-.
Voto pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión la señora Ministra doctora Gastaldi dijo:
Coincido sustancialmente con la solución propuesta en orden a declarar procedente el recurso interpuesto, en tanto considero que lleva razón la recurrente en sus reproches de dogmatismo y falta de motivación, con afectación de las garantías constitucionales que invoca.
En efecto, esta Corte señaló en la resolución de reenvío que en la acción de amparo se reclamó “ayuda económica para cubrir sus necesidades de salud básicas y para solventar un alquiler adecuado a su necesidad de tratamiento”, tal como surgía -incluso- del propio escrito de demanda (fs. 39, 42 y 46). En dicha sentencia se juzgó comprobada la “urgencia vital” que el caso imponía y la necesidad de brindar una solución compatible con la efectividad de las garantías en juego, atento el connatural peligro derivado de cualquier demora. Se refirió en particular a que la solución habitacional reclamada lo era “más allá del título con que pudiera ser asignada aquélla” (léase alquiler, préstamo de uso, etc.), en tanto a estarse a las constancias de la causa resultaba visiblemente vinculada a los derechos a la vida y salud de la amparista. Gravedad ésta que fue tenida en mira por esta Corte y que se refuerza con las constancias médicas ahora obrantes a fojas 1410/1423.
En tales condiciones, a tenor de lo señalado y de las constancias del expediente (en especial, las de fs.1410/1412) considero que corresponde anular la sentencia venida en revisión a fin de que la causa sea nuevamente juzgada disponiéndose las medidas urgentes que el caso impone.

Voto, pues, por la afirmativa.
A la misma cuestión el señor Ministro doctor Spuler dijo:
Por resolución de fecha 12.9.2014, la integrada Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta ciudad al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora actuando como tribunal subrogante frente a la nulidad dispuesta por esta Corte Suprema, admitió parcialmente el recurso, y en consecuencia, hizo lugar, también en parte, a la acción de amparo. Por dicha decisión, ordenó a la demandada que otorgue a D. una suma mensual igual a la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central, tal como fuera dispuesto por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nro. 1 mediante resolutorio de fecha 2.7.2014 (A. y S. T. 39, págs.77/83), la que se mantendrá hasta que se haga efectivo el empleo y continuará si por su probado estado de salud se viera impedida de acceder al trabajo, salvo que la actora no acceda a cumplimentar los recaudos que se le exijan en orden a comprobar su actual estado de salud, antecedentes laborales, etc.
Siendo ello así, el presente recurso tiene como objeto, en lo principal, controlar constitucionalmente que la sentencia recurrida haya cumplido las pautas sentadas por esta Corte al anular el primigenio decisorio de la Sala.
El análisis del mismo, se adelanta, me conduce a concluir que el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora es improcedente.
En efecto, los agravios esgrimidos en el recurso intentado contra la resolución dictada por la Sala Primera -integrada- de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial traducen una mera discrepancia con las razones de hecho, prueba y derecho que fundan el fallo, cuya evaluación es materia privativa de los jueces de la causa y, por ende, ajena, en principio, a su revisión por esta vía extraordinaria.
Para ello, debemos empezar por recordar, que esta Corte Suprema -debidamente integrada- decidió anular la sentencia dictada por la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial y ordenó remitir los autos al tribunal subrogante para que juzgue nuevamente la causa; ello, en ocasión de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto -también por la actora- contra la decisión que a su hora confirmó el rechazo del recurso de amparo resuelto por el juez de primera instancia.
Para así decidirlo, en el voto que a la postre hizo mayoría, se consideró que se evidenciaba “que la respuesta de la Cámara -en tanto rechazó la apelación con el sólo argumento de la falta de operatividad del derecho a la vivienda- se desentendió de dar respuesta a los planteos efectuados y de analizar la realidad del caso”, agregando que “aun si pudiera entenderse que la pretensión involucra el reclamo de la adjudicación (de una vivienda) en propiedad y que desde esa perspectiva se considerara un derecho social nodirectamente operativo, lo cierto es que la Cámara desplazó toda consideración de la tutela requerida y se desentendió de acordar una solución compatible con la efectividad de la preservación de la vida y salud de la reclamante. Siendo que -como se dijo- no se encuentra en discusión que en el ‘sub judice’ el requisito de contar con una vivienda adecuada resulta condición inescindible para garantizar los derechos de la amparista”.
En definitiva, entendió la mayoría de esta Corte Suprema en esa ocasión que resultaba aplicable al caso la reiterada jurisprudencia según la cual las sentencias que omiten considerar y decidir cuestiones oportunamente propuestas por las partes y que pudieran resultar conducentes para la solución del litigio, como también aquellas que se apoyan en aseveraciones dogmáticas, carecen de fundamento suficiente para sustentarse como actos jurisdiccionales válidos y deben ser dejadas sin efecto.
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial -ahora a través de su Sala Primera, en virtud del reenvío efectuado por este Tribunal-, decidió que la pretensión de la actora se satisfacía con la percepción de una suma mensual igual a la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central desestimando el pedido de entrega de una vivienda.
Para llegar a dicha solución -hacer lugar parcialmente al recurso de amparo interpuesto por D. y rechazar la pretensión de que se le asigne una vivienda con los requisitos estructurales adecuados para su capacidad (con un costo estimado de U$S225.000)- sostuvo que si bien la Corte provincial ha dado claras directivas y la pretensión debe ser juzgada en base a ellas, remarcó con acierto que en el caso, también deben ser consideradas las pruebas rendidas por las partes en cuanto al derecho de la actora al reconocimiento de una vivienda.Y en esa línea, concluyó que no se ha acreditado que su discapacidad haya evolucionado con un grado de deterioro tal que le impida trasladarse o trabajar, y menos aún que requiera una vivienda de las características estructurales que se pretenden. También consideró la falta de prueba sobre las condiciones de la casa habitación donde reside la actora y quienes conviven con ella, aclarando que todas estas circunstancias son absolutamente impeditivas de la procedencia de su reclamo en los términos que ha sido propuesto.
Frente a ello, D. en su recurso, insiste en que “es obligación primordial, esencial, directa e inmediata del Estado Provincial, suministrar una vivienda adecuada al grado de discapacidad de la reclamante, sin perjuicio de la existencia o inexistencia de obligaciones parentales o sistemas asistenciales, sin posibilidad alguna de que el juez, bajo pretexto de no estar dentro de su función no dé solución concreta al caso en cuestión”; como así también que “no otorgarle una vivienda en condiciones compatibles con su discapacidad es una conducta discriminatoria”. Entiende además que desde su perspectiva, la Cámara debió implementar el reconocimiento del derecho a una vivienda ap ropiada a sus condiciones, y obligar al Estado provincial a la entrega de la suma necesaria para el alquiler de una vivienda adecuada a las condiciones de discapacidad en tanto y en cuanto el Poder Ejecutivo implementaba el programa público necesario para la entrega definitiva de la vivienda, ya que este es un derecho que surge directamente de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, incorporada al derecho interno por la ley 26378.
Como se advierte, toda la argumentación de la recurrente pasa por un planteo dogmático en cuanto a su derecho a recibir una vivienda especial por parte del Estado provincial, pero sin hacerse debidamente cargo -como lo requerían las especiales circunstancias del litigio- de los fundamentos dados por la Cámara al resolver el recurso de apelación, principalmente los relacionados a la carencia de pruebas, no solamente sobre la evolución del grado dediscapacidad de la actora, sino sobre las condiciones de la casa habitación donde reside la misma. Ello se tornaba aún más necesario si se considera que, como principio, las razones de prueba que fundan el fallo es materia privativa de los jueces de la causa y por ende ajena a su revisión por la vía extraordinaria.
A ello, se agrega que el Tribunal consideró que las particulares circunstancias del caso impiden que pueda la Cámara oficiosamente seleccionar otra alternativa dentro del menú de opciones potencialmente idóneas para conjurar el perjuicio que alega la reclamante. Primero, por aplicación del principio de congruencia. En segundo lugar, porque aún cuando se interprete que dicho principio puede ser flexibilizado cuando exista una situación de vulnerabilidad que exija la adopción de una solución rápida para evitar el agravamiento de un daño actual y cierto a la vida o a la salud, en la especie no se ha justificado un estado de abandono o “situación de calle” que habilite dicha solución. Y por último, porque la propia amparista resiste esa opción y no se ha demostrado que se le haya impedido inscribirse para acceder a una vivienda en el marco de los planes ejecutados por la Provincia en la ciudad de Santa Fe. Cuestión que tampoco fue rebatida por la recurrente con un grado tal para lograr descalificar la decisión recurrida por esta instancia de excepción.
Siendo ello así, arribo a la conclusión que la sentencia impugnada por la actora mediante la vía extraordinaria local, subsanó el déficit que esta Corte -por mayoría- tuvo en cuenta para dejar sin efecto la sentencia anterior.En efecto, más allá de que dicha solución no conforme a la recurrente, las razones dadas por el A quo al resolver la causa cuya remisión en su oportunidad se dispuso, dan satisfactoria respuesta a las cuestiones oportunamente propuestas por las partes y tienen fundamento suficiente para sustentarse como un acto jurisdiccional válido.
Voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión los señores Ministros doctores Gutiérrez y Netri expresaron idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Spuler y votaron en igual sentido.
A la misma cuestión el señor Juez de Cámara doctor Puccinelli expresó idénticos fundamentos a los expuestos por el señor Ministro doctor Falistocco y votó en igual sentido.
A la misma cuestión el señor Juez de Cámara doctor Dalla Fontana dijo:
Coincido con el voto del señor Ministro doctor Spuler en cuanto a que el análisis de la causa conduce a concluir en que el recurso de inconstitucionalidad deducido por la actora es improcedente en virtud de que los agravios esgrimidos traducen una mera discrepancia con las razones de hecho, prueba y derecho que fundan el fallo de Cámara, materia privativa de los jueces que la integraron. Estoy de acuerdo además con que la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial a la que se le reenvió la causa dio suficientes fundamentos para rechazar la pretensión de la actora de asignación de una vivienda, principalmente referidos a la carencia de pruebas, no solamente sobre la evolución del grado de discapacidad de la amparista, sino sobre la casa habitación donde reside, todo lo cual es materia privativa de los jueces que intervinieron y por ende ajena su revisión por la vía extraordinaria.Coincido finalmente en que los motivos brindados por el Tribunal que dictó la sentencia en crisis para concluir que se encontraba impedido de seleccionar otra alternativa en el menú de opciones potencialmente idóneas para conjurar el perjuicio alegado por la actora no fueron rebatidos por ésta en grado tal para descalificar la decisión recurrida en la instancia extraordinaria.
A ello quiero agregar que, desde mi punto de vista, la decisión de la Cámara, en cuanto resuelve otorgarle a la amparista una prestación económica -en el caso la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central- es respetuosa de la opinión de la mayoría de los jueces que integramos la Corte en oportunidad de declarar la procedencia del recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia anular la decisión dictada por la Sala (fs. 1273/1318).
Ello así porque ocho de los diez jueces que intervenimos en esa oportunidad estuvimos de acuerdo de alguna u otra forma en la necesidad de que la Provincia de Santa Fe otorgue a la señora D. como mínimo una prestación económica o un empleo, por lo que no puede considerarse que la sentencia venida en revisión se haya apartado de lo resuelto en aquella oportunidad. En efecto, el señor Ministro doctor Falistocco expresó “la posibilidad de obligar a la demandada -a través de sus organismos específicos- a que le otorgue a la actora un subsidio que permita satisfacer a ella y a su familia las necesidades básicas de alimentación y vestido.” (f. 1284); y la doctora Serra se pronunció por una asistencia económica (f. 1303), solución a la que adherimos con el doctor Puccinelli. En cuanto a la señora Ministra doctora Gastaldi (con la adhesión de los doctores Erbetta, Spuler y Vargas), si bien es cierto que se pronunció por el otorgamiento de una vivienda, no puede concluirse razonablemente que no haya estado de acuerdo asimismo con el otorgamiento de una prestación económica, pretensión que la actora incluyó en su demanda de amparo (f.39, punto 3) y tiene que ver con el mejoramiento de su calidad de vida, pues de ser así lo hubiera argumentado expresamente.
Voto pues por la negativa.
A la misma cuestión el señor Juez de Cámara doctor Vargas dijo:
Anticipando que adhiero a la propuesta de decisión contenida en el voto del señor Ministro doctor Roberto Héctor Falistocco (que siguen también los integrantes de éste Alto Tribunal doctores Daniel Aníbal Erbetta -según sus fundamentos- y María Angélica Gastaldi -ibídem- así como el señor Juez de Cámara doctor Oscar Raúl Puccinelli) entiendo atinado formular las siguientes precisiones:
1. Sin perjuicio que hay unanimidad (explícita o implícita) en los votos precedentes en torno al “efecto” -nulidad y reenvío- de la anterior decisión de esta Corte Suprema de Justicia (del 20.11.2013, ver A. y S., T. 253, págs. 493/539) no la hay en relación a si en ella se emitió -también- “doctrina constitucional aceptada” (cfr. art.12 de la Ley 7055 -que regula las consecuencias de la declaración de “procedencia” del recurso de inconstitucionalidad según haya sido declarada por las hipótesis normativas previstas en los incisos 1º y 2º del artículo 1 o bien por la contemplada en el inciso 3º del mismo canon-) de “fatal acatamiento” por parte de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Circunscripción Judicial Nº 1 (debidamente integrada -en la ocasión- por los Vocales de la Sala Segunda, doctores María Cristina de Césaris -hoy jubilada-, Armando Luis Drago -en funciones- y el señor Juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Santa Fe, doctor Alfredo Palacios), Tribunal al que tocó nuevamente decidir (por previa anulación del primigenio fallo de la Sala Tercera) sobre los recursos de nulidad y apelación -ordinarios- deducidos por la amparista contra la decisión denegatoria a sus reclamos recaída en la primera instancia jurisdiccional.
En efecto, en el voto del doctor Roberto Héctor Falistocco se habla de “conclusiones de tipo irreversibles”, “directiva inexcusable”, “cosa juzgada de inexorable acatamiento” y “conclusiones, desde luego, . obligatorias para el tribunal ordinario subrogante”. Incluso, el señor Ministro preopinante, no solo hace mención al efecto “vinculante” de la aludida “doctrina constitucional aceptada” en sentido “vertical” (es decir hacia el Tribunal de segunda instancia al que se “reenvía” el caso para que sea decidido conforme la directiva emanada) sino, incluso, en sentido “horizontal” (esto es, como se aclara en el sitio indicado “también . para todos los integrantes de éste Alto Tribunal, incluso para aquellos miembros que votaron en disidencia, todo ello conforme a la mecánica prevista por el artículo 12 de la ley 7055”).
Obviamente y como se sabe, el ilustrado voto que vengo mencionando se refiere elípticamente a alguna de las coordenadas estructurales de la conocida “Teoría de los Precedentes” que tanto impacto ha tenido en los estudios de la doctrina procesalística mundial (ver, por ejemplo, Taruffo, Michele, “Segunda lección: el Precedente”, en: “Cinco lecciones mexicanas:Memoria del Taller de Derecho Procesal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Escuela Judicial Electoral”, México D.F, 2003, passim; Marinoni, Luiz Guilherme; “Precedentes obligatorios”, Palestra, Lima, 2013, passim; etc.) al calor no solo del estudio de la jurisprudencia emanada de las Cortes Supremas o Superiores Tribunales de Justicia de los Estados más importantes del mundo (compulsar eventualmente: MacCormick, Neil, Summers, Robert, Goodhart, Arthur.; “Interpreting Precedents. A Comparative Study”, Taylor & Francis Group, New York 2016, passim; Dyer, Edward; “El precedente constitucional. Análisis cultural del Derech o”, Ara editores, Lima 2015, passim) sino, fundamentalmente, a partir del interés que despertó en los más encumbrados Filósofos del Derecho del siglo XX y del umbral de éste siglo XXI [v.gr. Alexy, Robert, “Teoría de la argumentación jurídica”, traducido por M. Atienza, Centros de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, págs. 261/266; Dworkin, Ronald; “El imperio de la ley”, ed. Gedisa, Barcelona -primera edición 1988-, sigo la segunda edición -2012- passim; Chiassoni, Pierluigi; “A filosofia do precedente: reconstrução racional e análise conceitual”, espigado en DOI: 10.5102/unijus.v27i1.4038 -traducción de Thiago Pádua; Gascón Abellán, Marina; “La técnica del precedente y la argumentación racional”, Tecnos, Madrid 1993, Passim; Aarnio, Aulis; “Lo racional como razonable”, ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1991, págs. 126/133; Wroblewski, Jerzy; “Constitución y teoría general de la interpretación jurídica”, ed. Civitas, Madrid 1985, traducción de Arantxa Azurza, “The Judicial Application of Law”, Dordretch-Boston-London, Kluwer, 1992; Laporta, Francisco; “Vindicación del precedente judicial en España”, espigado en https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/1/laporta_francisco.pdf Bernal Pulido, Carlos y Bustamante, Thomas (eds.); “Fundamentos filosóficos de la teoría del precedente judicial”, ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2015, passim; etc.].
Por supuesto, no es éste el lugar para desarrollar alguna de las aristas de tan apasionante marco teórico [v.gr.precedentes vinculantes o persuasivos, eficacia vertical u horizontal, stare decisis, ratio decidendi -holding-, obiter dictum, técnicas de superación de los precedentes como el distinguishing, overruling, express overruling, implied overruling, overruling prospectivo, retrospective and anticipatory, overriding, etc.] que actualmente abarca, incluso, la “teoría del precedente internacional” [en particular, del sistema interamericano, véase en éste caso la interesante polémica generada en la actualidad en Argentina a partir de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso conocido como “Fontevecchia” [ver, entre muchísimos otros, premonitorios artículos de: Oteiza, Eduardo; “El uso del precedente en el diálogo entre Cortes Nacionales y Transnacionales” -conferencia pronunciada en el Congreso Internacional: “Un jurista pluridisciplinar: en torno al pensamiento de Michele Taruffo” organizado por la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, celebrado el 23 y 24 de enero de 2015-; Hitters, Juan Carlos; “Incidencia de la jurisdicción de los tribunales supranacionales”, en “El papel de los Tribunales Superiores”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2008, passim; Fuenzalida Bascuñán, Sergio; “La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como fuente de derecho. Una revisión de la doctrina del < >”, espigado en Revista de Derecho de Valdivia, julio 2015, Valdivia, Volumen 28, Nº 1; Sagüés, Néstor Pedro; “Las relaciones entre los tribunales internacionales y los tribunales nacionales en materia de derechos humanos. Experiencias en Latinoamérica”, en Revista Ius et Praxis, vol. 9, n. 1, Talca, 2003; etc.] que vino a sumarse al viejo problema de la “eficacia vinculante” -y, eventualmente, por qué razones y en qué grado- de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación [ampliar, entre otros, en Sagüés, Néstor Pedro; “Eficacia vinculante o no vinculante de la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, ED, 93-892; Garay, Alberto F.; “El precedente judicial en la Corte Suprema”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 2, Nros. 1 y 2, abril de 1997, págs.51/108; etc.] sino que, en todo caso, me interesa tan solo destacar que como Juez especial del caso (asumiendo el honor de integrar el más Alto Tribunal provincial por imperativo legal -cfr. arts. 13 y 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-) al votar en la anterior ocasión que me tocó intervenir jurisdiccionalmente “tomé una decisión” que inexorablemente “determina o condiciona” la que ahora tengo que emitir (nuevamente en el mismo “sub-júdice”).
Es que, por el “efecto horizontal” del “auto-precedente” de marras [que, incluso y por “imperativo legal” -art. 12 de la Ley 7055 conforme interpretación conforme de la Corte Suprema de Justicia in re “Gázquez”, oportunamente citado- hace “cosa juzgada” tanto para los magistrados intervinientes cuanto para las partes involucradas en el presente amparo (sentencia que -por mayoría- fijó la “doctrina constitucional” de que a la amparista hay que proveerle una “vivienda” adecuada a las especiales condiciones vitales que padece una persona en situación de vulnerabilidad por padecer de “discapacidad motriz”)] me veo “obligado” a no poder apartarme de la tesis “legal” (como predica Aarnio, la obligatoriedad de los precedentes judiciales puede ser “legal” -de iure- o “fáctica” -de facto-; compulsar Aarnio, Aulis, “Lo racional como razonable”, op. cit., pág. 126) que hizo allí “mayoría” (liderada por el voto de la señora Ministro doctora María Angélica Gastaldi al cual “adherí” sin restricción alguna) y tiene los efectos previstos en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 7055 (cfr. “Gázquez” citado).
En ello va, antes que nada y por sobre todo, mi “responsabilidad personal” (ampliar, eventualmente, en Marinoni, Luiz Guilherme; “Respeito ao Direito, Corte de Precedentes e Responsabilidade Pessoal”, espigado en https://ufpr.academia.edu/LuizGuilhermeMarinoni).
Por ello, bien se ha dicho que “.la vinculación horizontal del precedente implica la auto-restricción que la función jurisdiccional recibe en base a la propia actuación del juez.El stare decisis persigue a los jueces y a los tribunales que expiden sentencias vinculantes, haciendo que aquellos no puedan apartarse de lo que en ocasiones pasadas decidieron. Las consecuencias de este alcance pueden apreciarse a través de dos enfoques. Desde un punto de vista «estructural», el precedente establece una relación particular entre el presente y el futuro. La resolución de las controversias jurídicas actuales va a condicionar la resolución de futuras controversias similares. Al permitir esto, o mejor dicho, al exigir que este modo de operación sea respetado siempre, se asume necesariamente que las razones que justificaron las reglas emanadas de un caso concreto exceden la posible arbitrariedad que puede asomar en cualquier adjudicación de derechos. Se asume por lo tanto, que estas razones y estas reglas son válidas en sí; o dicho de otro modo, que son derecho vigente y que por lo tanto, resultan aplicables exigibles a futuros casos. Ello no podría ser de otro modo, pues resultaría una profunda contradicción que un sistema jurídico exija la aplicación de reglas y razones pasadas a casos futuros, si cree que dichas reglas o principios podrían no ser las correctas, o podrían no ser válidas. Ciertamente, los resultados que arroja este análisis estructural también resultan aplicables al stare decisis vertical. Desde un punto de vista psicológico (o «interno») y consecuencialista, el stare decisis horizontal tendería a causar una actitud más cautelosa en los jueces al momento de resolver. Al ser «esclavos» de sus propias palabras y, por lo tanto, de sus propias reglas y soluciones, los jueces tenderán a ser más cautos con lo que dictan. Esto podría explicar un rasgo central de la práctica judicial norteamericana y en general, del common law: el tratamiento cuidadoso y selectivo de los hechos que configuran el caso y los puntos controvertidos. Al delimitar cuidadosamente qué hechos convierten en particular el caso que resuelven, los jueces no correrán el riesgo de verse constreñidos por reglas generales y difusas” (Dyer, Edward; “El precedente constitucional.Análisis cultural del Derecho”, Ara editores, Lima 2015, págs. 170 y 171).
O que “la doctrina del autoprecedente debe ser entendida como una traslación del principio kantiano de universabilidad al discurso jurídico de los jueces y tribunales, pues lo que dicho principio expresa es la exigencia de que exista una única solución correcta para los mismos supuestos y eso precisamente -aunque formulado con otros términos- es lo que representa la regla del autoprecedente. Más exactamente, aunque no quepa decir que en el ordenamiento existe una única respuesta correcta descubrible de igual forma por cualquier juez o tribunal, el principio de universabilidad exige suponer que dicha respuesta sí existe en cambio para cada juez o tribunal individualmente considerado. La regla del autoprecedente es justamente la traslación al ámbito jurídico de esa exigencia de < > que deriva del principio de universabilidad. La universabilidad, en efecto, expresa un principio fundamental de la razón práctica kantiana en virtud del cual debemos actuar siempre conforme a un criterio que, por considerarlo correcto, queremos ver convertido en ley universal (como es bien conocido, una de las formulaciones del imperativo categórico kantiano dice así: < >, Inmanuel Kant, “Fundamentación de la metafísica de las costumbres” -1785-, ed. de Luis Martínez Velasco, Madrid, Espasa Calpe, 1994, p. 92). En el plano jurídico, por consiguiente, este principio exige que los jueces o tribunales, cuando deban resolver una controversia, adopten aquella decisión que, por considerarla correcta, estén dispuestos a suscribir en futuros casos sustancialmente idénticos. Se trata, pues, de un principio ético extremadamente formal que se impone en todo caso: una decisión no universalizable difícilmente podrá ser considerada moralmente aceptable . Y al respecto una observación. Precisamente porque el espacio natural de la regla es el ámbito de la discrecionalidad judicial, la regla deja de tener sentido allí donde institucionalmente se instaura una única respuesta correcta.Esto es precisamente lo que ocurre cuando en un ordenamiento se establecen mecanismos de unificación jurisprudencial que culminan en un tribunal superior (o sea cuando existe un precedente vertical vinculante): aquí la respuesta correcta existe, y es precisamente la que ofrece ese tribunal superior cuyo precedente vincula a los demás. Por eso en este caso carece de sentido someter a los jueces y tribunales inferiores a la regla del autoprecedente, pues su actuación no es discrecional: lo que deben hacer es seguir la jurisprudencia del tribunal superior. En cambio sí es necesario que el tribunal superior ajuste su actuación a la regla del precedente, a fin de garantizar que, en la determinación de < > que vinculará al resto de los tribunales, se comporte racionalmente. Muy brevemente: en estos supuestos los tribunales inferiores actuarán bien si siguen el precedente del tribunal superior. El tribunal superior actuará bien si sigue la regla del autoprecedente. Que la regla del autoprecedente es una regla de la argumentación racional que proyecta en el discurso judicial la máxima universalizadora es algo que ha sido sostenido por algunos de los más destacados representantes de la teoría de la argumentación jurídica. Robert Alexy la vincula expresamente a una de las reglas básicas del discurso práctico general; aquella según la cual < >. En el mismo sentido Aulis Aarnio sostiene que < > (Robert Alexy, “Teoría de la Argumentación”, pp. 301-302; cfr. También pp. 262 ss. Aulis Aarnio, “Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica” (1987), trad. E. Garzón Valdés, Madrid, CEC, 1991, p. 256). Y también para Neil MacCormick la universabilidad, en el sentido indicado, es uno de los requisitos que debe superar la argumentación jurídica en los casos difíciles” (Gascón Abellán, Marina; “Racionalidad y (auto) precedente. Breves consideraciones sobre el fundamento e implicaciones de la regla del autoprecedente”, espigado en “Teoría y Derecho: revista de pensamiento jurídico” Nº 10, 2011, págs.133-150).
Y, por el especial micro-sistema del diseño procedimental del recurso de inconstitucionalidad local (en particular, el contenido de los efectos de la sentencia del Alto Tribunal previsto en el artículo 12 de la Ley 7055), también debo hacerlo para no violar dos principios de raigambre no solo “legal” sino, fundamentalmente” “constitucional” y “convencional”: los de “cosa juzgada” (que alcanza a la “doctrina constitucional aceptada” en cuanto a que ya se indicó que el nuevo fallo debía contemplar la procedencia de tal reclamo) y “congruencia” (ya que ahora solo puedo analizar el nuevo producto sentencial de la segunda instancia ordinaria a la luz de la directiva que dio la Corte Suprema -por mayoría- en la decisión anulatoria precedente y, por supuesto, los implícitos cánones de “interpretación constitucional y convencional” vigentes).
En otras palabras, la regla de respeto al “auto-precedente” puede ser “racional” [en cuyo caso puede abandonarse siempre y cuando estemos dispuestos a levantar la carga de una argumentación racional fuerte “que supone .: 1) no sólo la explicación ordinaria de las razones que fundamentan la decisión, sino que incluye también 2) una exigencia suplementaria de justificación del apartamiento del criterio anterior. Esta justificación ha de venir orientada justamente por la universabilidad, y consiste por consiguiente en acreditar que el nuevo criterio es el que, por estimarse correcto (o más correcto que el anterior), se está dispuesto a usar en el futuro en los casos sustancialmente iguales. Esta justificación conforme a la universabilidad es la única forma de disipar las dudas que pudieran existir sobre la arbitrariedad de la nueva decisión o sobre la sensación de que ésta se ha tomado descuidadamente, ignorando la existencia de un criterio precedente distinto. Por lo demás, es evidente que la necesidad de justificar una decisión overruling se hace más intensa cuando el precedente ha gozado de una sólida justificación.Ciertamente, si una decisión se ha adoptado tras una ardua deliberación y con una sólida argumentación, hay una presunción a favor de su corrección, y por lo tanto no puede abandonarse sin un especial esfuerzo argumentativo. En resumen, la vinculación al propio precedente no es inexorable: es perfectamente posible que un tribunal abandone su propio precedente. Pero el abandono del precedente no puede hacerse sin más, sino que ha de estar guiado por el principio de universabilidad. Por consiguiente el cambio del precedente sólo estará justificado cuando se acredite que el criterio de decisión precedente era erróneo o inadecuado y que el criterio actual es en cambio el correcto y el que, por ello, se usará en el futuro” -ver Gascón Abellán; Marina; ob. cit., pág. 138-] o “legal” [supuesto en el cual, es imposible no cumplirla so riesgo de infracción decisoria que de lugar no solo a la “nulidad” de lo decidido sino, incluso, a otro tipo de consecuencias administrativas, penales, civiles, etc. -ibídem, pág. 139- además de afectar, obviamente, la “seguridad jurídica” -al efecto, compulsar, eventualmente: Hankovits, Francisco Agustín; “Precedente judicial y seguridad jurídica”, espigado en Jurisprudencia Argentina, Número Especial “Recursos Judiciales II”, 2016, págs. 1/8. Ibídem: Garay, Alberto F.; “La doctrina del Precedente y la Seguridad Jurídica”, accesible en https://www.procesal2015.org.ar/images/Ponencia_Congreso_Procesal_Jujuy_2015_-Garay.pdf%5D.
2.Así las cosas, fácil es advertir que, desde el momento en que el fallo que se revisa hizo caso omiso a la “doctrina constitucional” que le fijara este Alto Tribunal Provincial al reenviarle el caso para juzgarlo “bajo ese prisma” y con dicha “directiva” (“inexorable” según términos del voto del doctor Falistocco que comparto) no puede obtener otra respuesta desde el vértice de la estructura judicial santafecina que la descalificación (nulidad) por estar incursa en “arbitrariedad” que -bien indica- para la recurrente fue “sorpresiva” (lo que exime el planteo oportuno de dicha “cuestión constitucional”).
Nótese, incluso, que tal “doctrina constitucional” fue expresamente desechada -a mi juicio incorrecta e infundadamente- por los Vocales de Cámara intervinientes que, desde el inicio de sus razonamientos sentenciales o bien hicieron caso omiso a la misma sin dar razón alguna para el apartamiento (ver voto de la doctora María Cristina de Césaris y también la adhesión al mismo por parte del doctor Alfredo Palacios) o, directamente, estimaron expresamente que “la lectura de la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2013 de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (fs. 1273/1319) . no estableció doctrina mayoritaria sobre la materia de fondo, razón por la cual corresponde expedirse sin ella al examinar los agravios de la actora .” (ver voto del doctor Armando Luis Drago).
3. Sin perjuicio de lo expuesto, encuentro además otro motivo que descalifica la sentencia venida en revisión extraordinaria.
Es que en ella se dirimió el conflicto no solo de manera “auto-contradictoria” (falencia que se verifica de manera prístina a poco que se emprende la tarea del simple cotejo de la parte dispositiva de la sentencia en su confrontación con los fundamentos expuestos en los considerandos) sino, aún, con vicio de “incongruencia” por haber otorgado algo no solo “no pedido” por la señora D.sino, incluso, que ya le había sido discernido con autoridad de cosa juzgada por “otro Tribunal” (de similar jerarquía, esto es la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial Nº 1) en “otro proceso” (caratulado “D., M. E. c/ Provincia de Santa Fe s/ Recurso contencioso administrativo”, Expte. Nº 316/2007, del registro del tribunal citado) y bajo otro marco no solo “pretensional” (allí la señora D. pretendió el nombramiento por ingreso al empleo público en la Administración -petitum-, a mérito de hechos con una cobertura jurídica dispar -causa petendi: el cupo legal de ingreso reservado a los discapacitados al calor de lo dispuesto en el artículo 8 y ss. de la Ley 9325-) sino, aún, “litigioso” (allí la Provincia de Santa Fe resistió la pretensión administrativa de forma total y obtuvo un resultado negativo).
Amplío: la “autocontradicción” se verifica a poco que se repare en que en el voto de la doctora María Cristina De Césaris -al que adhiere el doctor Alfredo Palacios- se analiza la pretensión de la amparista de que se le provea una vivienda propia (de determinadas características), una prótesis (con las especificaciones que se identifican en la demanda) y una remuneración mensual (que le permita cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta y salud) y, sin embargo, luego de fundar porqué se rechazaban todas las pretensiones (la vivienda por no corresponder, la prótesis por estar ya satisfecha extrajudicialmente en otro proceso y la remuneración mensual porque ésta percibe una pensión asistencial por incapacidad) se termina disponiendo “tal como fuera ordenado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nro. 1 mediante resolución de fecha 02.07.2014 (v. A. Y S., T. 39, p.77/83) que la demandada otorgue a la actora una suma mensual igual a la correspondiente a una categoría inicial de la Administración Central, que se mantendrá hasta que se haga efectivo el empleo y continuará si por su probado estado de salud se viera impedida de acceder al trabajo, salvo que la actora no acceda a cumplimentar los recaudos que se le exijan en orden a comprobar su actual estado de salud, antecedentes laborales, etc.”. En el voto del doctor Armando Luis Drago, en cambio y no obstante que desconoce la “doctrina constitucional” que había fijado la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, se propone “admitir en forma parcial el recurso de apelación, hacer lugar parcialmente al amparo, disponer que la parte demandada otorgue a la actora una asistencia económica mensual conforme a la pauta indicada en éste voto y asimismo le adjudique a la brevedad una vivienda dentro de los planes o programas habitacionales en curso de ejecución, vacantes, no adjudicados o para re-adjudicar; y rechazarlo en el resto”.
Y, por su parte, la “incongruencia” está signada porque lo que se termina adjudicando a la señora D.-por la mayoría del Tribunal de segunda instancia actuante- no es algo que estaba pretendiendo en este proceso de amparo, o que se estaba litigando en el marco de este conflicto intersubjetivo de intereses o que estaba siendo resistido aquí por la Provincia de Santa Fe sino, precisamente, algo que “ya le había otorgado” otro Tribunal Provincial en fallo que pasó en autoridad de cosa juzgada y que, por tanto, ya estaba en el “patrimonio” (derecho de propiedad) de la actora.
Como todos conocemos, así como no puede producirse el “escándalo jurídico” (strepitus fori) de dos sentencias “contradictorias” (por eso existen los institutos de la “litispendencia”, “conexidad”, “afinidad”, “acumulación de autos”, “prejudicialidad”, “cosa juzgada”, etc., bien que con sus especificidades y con las aclaraciones que no es preciso mencionar aquí) tampoco puede admitirse que una sentencia del “fuero civil” termine “condenando” a la Provincia de Santa Fe a que otorgue a la señora D. lo que el “fuero contencioso-administrativo” de los mismos Tribunales ya le adjudicó (en fallo pasado en autoridad de cosa juzgada) a la misma persona.
O que le hubieran otorgado lo que ya le concedió la Justicia Federal (la prótesis) también en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.
En mi entender, cuando se pretende jurisdiccionalmente hacer mérito de “satisfacciones judiciales o extrajudiciales” de la o las pretensiones esgrimidas, lo que hay que utilizar es la técnica de la “sustracción de la materia litigiosa” como “medio anormal de finalización del proceso” o controversia, y así declararlo [ampliar, eventualmente, en Peyrano, Jorge W.; “La extinción del proceso por sustracción de materia”, espigado en “El proceso atípico”, ed. Universidad, Bs. As. 1993, págs. 126 y ss. Ibídem, del mismo autor: “Actualidad de la sustracción de materia como medio atípico de extinción del proceso civil”, en Revista de Derecho Procesal 2012-1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2012, págs 281/289.La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado también, en reiterada doctrina, que si lo demandado carece de objeto actual, su decisión es superflua (Fallos:253:346) puesto que la desaparición de los requisitos jurisdiccionales que habilitan su actuación importa la de poder juzgar, circunstancia comprobable aun de oficio (Fallos:307:188; 308:1489; 311:787), de modo que si de los autos resulta que la pretensión deducida carece de objeto actual, el dictado de una resolución judicial a su respecto deviene innecesario (doctrina reiterada en “Provincia del Chaco s. Amparo”, del 11.09.2007, en Lexis n° 35020343; “Dólar S.A. vs. Estado Nacional”, del 11.12.2007, en Lexis n° 70043133)].

Pero, entiendo, de ninguna manera procede “volver a condenar” -vía fuero civil- a la Provincia de Santa Fe en iguales términos que “ya lo había hecho” la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial Nº 1.
Por ello, insisto, también encuentro violado el “principio de congruencia” (por otorgar algo no pedido y ya otorgado en otro proceso) así como, por supuesto, el de “cosa juzgada”.
4. En síntesis, señalo que: a) la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe al resolver en anterior oportunidad (fallo del 20.12.2013 espigado a fojas 1273/1319 de autos) fijó -por mayoría- “doctrina constitucional” en relación al subjúdice; b) la misma obliga no solo “horizontalmente” -autoprecedente- a los integrantes del mismo máximo Tribunal provincial -incluido quien suscribe, que integra “ad hoc” en éste especial caso- sino “verticalmente” a los tribunales de segunda instancia llamados a intervenir por reenvío; c) la directiva dada oportunamente -por la mayoría liderada por el voto de la Sra. Ministro Dra.Gastaldi- es que a la amparista se le otorgue “una vivienda” adecuada a las “necesidades terapéuticas” de la discapacidad que padece, nada más y nada menos (con lo que quiero decir que no tiene que ser, necesariamente, de las características que ella reclama sino las que el prudente arbitrio judicial determine-conforme las constancias y probanzas colectadas así como el marco jurídico legal, constitucional y convencional correspondiente-); d) cualquier otra resolución disonante (tal la que aquí se revisa bajo el prisma procedimental habilitado por el recurso de inconstitucional local) debe ser anulada por “arbitraria” (recordemos que el voto de la mayoría aludido se indicó -además- que “no media cuestionamiento alguno respecto a que el tratamiento de rehabilitación requería que se proveyera de una vivienda a tales necesidades terapéuticas” a lo que se aditó que “Siendo que -como se dijo- no se encuentra en discusión que en el el requisito de contar con una vivienda adecuada resulta condición inescindible para garantizar los derechos de la amparista” cualquier otra respuesta que no contemple ésta solución “no reúne las condiciones exigidas por el orden fundamental para la satisfacción del derecho a la jurisdicción de la impugnante”).
Es mi voto.
A la tercera cuestión, el señor Ministro doctor Falistocco dijo:
Atento el resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, corresponde declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas (art.12, ley 7055).
A la misma cuestión, el señor Presidente doctor Erbetta, la señora Ministra doctora Gastaldi, los señores Ministros doctores Spuler, Gutiérrez y Netri, y los señores Jueces de Cámara doctores Puccinelli, Dalla Fontana y Vargas, dijeron que la resolución que correspondía dictar era la propuesta por el señor Ministro doctor Falistocco y así votaron.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia -integrada- RESOLVIÓ: Declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la sentencia impugnada. Remitir los autos al Tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Con costas.
Registrarlo y hacerlo saber.
Con lo que concluyó el acto, firmando el señor Presidente, los señores Ministros y los señores Jueces de Cámara, por ante mí, doy fe.
ERBETTA
DALLA FONTANA
FALISTOCCO
GASTALDI
GUTIÉRREZ
NETRI
PUCCINELLI
SPULER
VARGAS

FERNÁNDEZ RIESTRA
SECRETARIA