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domingo, 26 de agosto de 2018

¿Qué es la extinción de dominio y qué herramientas existen hoy


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“Extinción de dominio” es un término que se utiliza en varios países de América Latina para referirse a una forma particular en la que el Estado le quita a una persona la propiedad de determinados bienes relacionados con un delito. Generalmente, se trata de las ganancias generadas (por ejemplo, el dinero cobrado por la venta de cocaína), pero también puede abarcar otros casos (por ejemplo, los autos utilizados para trasladar la droga).

Cuando esto sucede dentro de un proceso penal, las leyes (como el Código Penal argentino) suelen denominarlo “decomiso”, y generalmente se puede aplicar sólo cuando la persona es condenada por el delito. Sin embargo, varios países de la región -al mismo tiempo que mantienen el decomiso por vía penal- han regulado un proceso de “extinción de dominio” que se desarrolla en un fuero distinto. Puede ser un fuero creado específicamente para esos casos (con jueces que únicamente intervienen en casos de extinción de dominio) o un fuero ya existente pero distinto del penal (por ejemplo, la Justicia civil).

La principal diferencia radica en que al no tratarse de un proceso penal (donde se aplica el decomiso), en la extinción de dominio no existe una condena para la persona propietaria del bien. Lo que existe es una sentencia de un juez que declara que el bien está vinculado con un delito, pero no es necesario que un juez penal condene a la persona por ese delito para que se pueda recuperar el bien y disponer de él.

El proyecto de ley de extinción de dominio que espera ser tratado en el Congreso afirma esto último, al regular la extinción de dominio como una acción autónoma, ”distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal”. La versión original del proyecto permitía aplicarla a bienes vinculados con cualquier actividad delictiva, pero durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, esto se redujo a un catálogo de delitos vinculados con la narcocriminalidad, el terrorismo, la trata de personas, la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Este proyecto de ley de extinción de dominio tiene varios puntos que fueron cuestionados por expertos en su paso por el Congreso.. Sin embargo, la mayoría considera que su aprobación le daría al Estado mayores herramientas para aumentar la eficacia en la persecución de la criminalidad compleja y organizada.

Hoy en día ya existen herramientas para que el Estado “recupere los bienes del narcotráfico y el crimen organizado”; el principal problema no es la falta de herramientas (legislación) sino su falta de aplicación eficiente.

Por un lado, el Código Penal permite recuperar las ganancias y los instrumentos del delito cuando se condena a una persona (art. 23, primer párrafo). Además, desde 2011 (ley 26.683), en los delitos contra el orden económico y financieros existe la posibilidad de decomisar bienes antes de la condena (art 23 CP, párrafo séptimo). Sin embargo, hasta el momento, son muy pocos los casos que se conocen en los cuales se hayan decomisado bienes sin que exista una condena penal. Según la información disponible, el primer decomiso sin condena se dio en 2016 en el caso de Antonini Wilson.

Asimismo, el nuevo Código Procesal Penal de la Nación prevé en su art. 275 la posibilidad de decomisar sin condena bienes relacionados con la delincuencia económica y financiera, la narcocriminalidad y la trata de personas. Sin embargo, la implementación de este Código fue suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Decreto 257/15.

En síntesis, si bien la extinción de dominio daría a la Justicia nuevas herramientas, actualmente ya existen otras que no están siendo aplicadas de manera eficiente.

CUÁLES SON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN RESPECTO A LA PRESENCIA DE ABOGADOS DEFENSORES EN UN ALLANAMIENTO


Por: Ab. Esp. Facundo Pérez Lloveras

El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner aseguró que el allanamiento al departamento de la senadora es ilegal porque no le permitieron el ingreso.

Por ello cabe preguntarnos qué establece el Código Procesal Penal de la Nación respecto a la presencia de abogados en allamanientos domiciliarios.

El Código Procesal Penal de la Nación no indica si el juez puede impedir al abogado de la defensa asistir a un allanamiento, sino que refiere que las partes tienen “derecho” a estar y, en otro artículo, señala que la persona notificada sobre el allanamiento podrá ser “invitada” a presenciar el operativo.

En este sentido el artículo 200 del Código Procesal Penal de la Nacón establece que “los defensores de las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones”. También indica que “el juez podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido, cuando sea útil para esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto”.

El mismo articulo, en su último pñarrafo establece que “las partes tendrán derecho a asistir a los registros domiciliarios”. Respecto de este particular, el artículo 228 indica: “La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde deba efectuarse o, cuando esté ausente, a su encargado o, a falta de éste a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero. Al notificado se le invitará a presenciar el registro”.

Por su parte, el Protocolo General de Actuación para allanamientos publicado por el Ministerio Público Fiscal se refiere a la necesidad de la presencia de dos testigos mayores de 18 años, no pertenecientes a ninguna fuerza de seguridad, y que no guarden relación alguna con el imputado: estos testigos deben estar presentes durante todo el procedimiento y deben ser los primeros en ingresar, salvo que haya riesgo de seguridad.

El artículo. 201 regula que “Antes de proceder a realizar alguno de los actos que menciona el artículo anterior, excepto el registro domiciliario, el juez dispondrá, bajo pena de nulidad, que sean notificados el ministerio fiscal, la parte querellante y los defensores; mas la diligencia se practicará en la oportunidad establecida, aunque no asistan”

 *Abogado Especialista en Derecho Penal Económico; Especialista en Docencia Universitaria; Profesor de Derecho Penal parte general UCC;  Profesor de Derecho Penal Económico UCC.

miércoles, 6 de junio de 2018

La Justicia ordenó restituir un 9% de aumento a los jubilados

El fallo de Cámara declara inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron en marzo y dice que debió aplicarse una suba del 14,5%, según la fórmula de ajuste que rigió hasta que se aprobó la reforma.
La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional el artículo 2 de la ley de Reforma Previsional y le ordenó al gobierno restituir un 9% sobre los haberes de jubilados y pensionados, trascendió hoy en los tribunales federales. El fallo llega en medio de la decisión de realizar un ajuste sobre las cuentas del Estado y ordena que se aplique la fórmula de movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, porque las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.
Según las versiones, sobre el fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social, los magistrados sostuvieron que el cálculo para los haberes de marzo, la denominada cláusula de anclaje, estuvo mal hecho, por lo que el Gobierno deberá devolverle a los jubilados el 9% que les descontó.
El fallo responde a una demanda presentada por el abogado Miguel Fernández Pastor, quien presentó una demanda por inconstitucionalidad de la norma que podría extenderse al resto de los jubilados que están en su misma condición.
Los jueces sostuvieron que el Gobierno vulneró los derechos de los jubilados al quitarles ese porcentaje, y que debía haber encontrado otra forma. La instancia siguiente de apelación es la Corte Suprema de Justicia, lo cual se descuenta el Gobierno hará.
En la parte resolutiva, el tribunal consideró que el artículo dos de la ley es inconstitucional y “no aplicable” a los haberes devengados entre el 1 de julio y el 29 de diciembre del 2017″.
La decisión del tribunal ordena también que “dentro de los treinta días de quedar firme este pronunciamiento, reliquide, conforme a lo dispuesto por la Ley 26417, los haberes del actor correspondientes al citado período, y se pongan al pago las cantidades resultantes, previo descuento de las sumas ya abonadas por aplicación de la Ley 27.426”.
El fallo está firmado por el juez subrogante Rodolfo Mario Milano, y los camaristas titulares del tribunal Néstor Fasciolo y Martín Laclau.

lunes, 28 de mayo de 2018

Sale cara la firma digital del empleado


Sale cara la firma digital del empleado
La Sala V de la Cámara del Trabajo confirmó en la causa “Ventre Christy Eduardo Ariel c/ Acerbrag SA s/ Despido" una condena por daño moral contra la empresa demandada por haber continuado usando la firma digital del actor "para realizar diversas operaciones bancarias sin su autorización y a pesar de que se había desvinculado de la empresa".

El accionante, que se desempeñaba como responsable del área de finanzas, pidió una reparación económica porque, sin su consentimiento, la empresa utilizaba su firma digital para hacer operaciones, pese a que en el acuerdo de desvinculación que suscribió "se revocaba el poder y la firma digital". Ello, según el actor, revelaba que "no prestó su consentimiento para la utilización de su nombre, su firma y un cargo que ya no ostentaba"



"Lo cierto y concreto es que el actor ya no era empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado", indicaron los camaristas



La Justicia acogió la demanda por el "uso indebido" de la firma digital y, además de la reparación, la jueza de Primera Instancia condenó a la demandada a que comunique lo decidido "a las entidades bancarias y financieras que hayan intervenido en las operaciones con firma digital del actor posterior a la desvinculación así como a Interbanking.

La decisión luego fue ratificada por los camaristas Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, quienes rechazaron el recurso de la demandada, que intentó desprenderse de la responsabilidad aclarando que si el empleado estaba de vacaciones su clave "podía ser delegada a otra persona" y que por ello no había ilegalidad en la utilización de la firma.

Para los jueces de la Sala V, sin embargo, se trató de una "conducta abusiva". "Lo cierto y concreto es que el actor ya no era empleado de la empresa demandada ni apoderado y la utilización de su firma sin su autorización implicó un uso abusivo que debe ser reparado", indicaron los camaristas.

"Es claro, entonces, que la conducta asumida por la demandada implicó un menoscabo para el buen nombre y honor del actor porque más allá de que dichas operaciones no fueran fraudulentas, lo cierto es que se continuó utilizando nada menos que el nombre y firma digital de una persona que ya que no se encontraba vinculada laboralmente con la empresa así como un cargo que había dejado de tener", detalla la sentencia.

El fallo agrega que ello implicó "que, sin conocimiento del accionante, asumió responsabilidades a pesar de que había decidido su desvinculación y que expresamente se dejó asentado que se revocaban los poderes y la firma" lo que configuraba "un menoscabo a los derechos personalísimos del actor deben ser reparados".

Los jueces, por último, advirtieron a la demandada "para el caso que continúe utilizando el nombre y la firma digital del actor que deberá cesar en dicha conducta, bajo apercibimiento de las astreintes".

domingo, 20 de mayo de 2018

Sucesiones: Todos cobran honorarios


Todos cobran honorarios

La Cámara Civil ordenó regular los honorarios del albacea aunque, según las coherederas, su conducta fue inadecuada durante el proceso.

En los autos "Jofre Barroso Haydee Mercedes s/ sucesión testamentaria", la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ordenó regular los honorarios del albacea aunque, según las coherederas, su conducta fue inadecuada durante el proceso.
Los miembros del Tribunal confirmaron la sentencia de la anterior instancia y resaltaron que, más allá que las mujeres tenían derecho a presentar sus agravios, no significan un obstáculo para reconocer los honorarios que puedan corresponderle al albacea por las tareas efectivamente llevadas a cabo.

Los magistrados señalaron que si el testamento no establece la retribución que deba otorgarse al albacea, corresponde al juez determinarla, debiendo considerar el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios.

La base regulatoria de los honorarios del albacea es el monto del caudal relicto en tanto haya cumplido, actuaciones tendientes a liquidar los bienes que componen el patrimonio de la causante y a incorporarlos efectivamente al de los herederos, "más allá de la valoración que se haga respecto de la utilidad de las tareas realizadas y de las etapas en las que haya intervenido", explicaron los jueces.
Finalmente, los camaristas fijaron los honorarios del abogado interviniente en $40.000, teniendo en cuenta las actuaciones efectivamente cumplidas dentro del trámite sucesorio, con sus incidencias y particularidades.
Los magistrados señalaron que si el testamento no establece la retribución que deba otorgarse al albacea, corresponde al juez determinarla, debiendo considerar el trabajo efectuado y la magnitud de los bienes sucesorios.

La lista negra de abogados no llega a la Corte


La lista negra de abogados no llega a la Corte

La Sala VIII de la Cámara del Trabajo denegó, por no tratarse de una sentencia definitiva y por no suscitar "cuestión federal", un recurso extraordinario presentado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo contra la sentencia que ratificó la medida cautelar que frena por seis meses la resolución SRT Nº 760/17.
Se trata de la llamada "lista negra" de abogados laboralistas. La resolución crea el Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo (SIREL) una "base de datos" que obliga a las ART a registrar planteos de inconstitucionalidad de la Ley 27.348 de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, que impone el trámite administrativo ante las Comisiones Médicas jurisdiccionales.

La Cámara justificó la medida en el hecho de que "la vigencia del acto que se impugna tornaría, con el tiempo, abstracto al planteo mismo del escrito inicial".

Publicada en el Boletín Oficial a mediados de agosto de 2017, la resolución fue impugnada luego por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, que consiguió que la jueza Laura Castagnin dictara una medida cautelar suspendiéndola por seis meses o hasta el dictado de sentencia definitiva.

La magistrada, al resolver el planteo en el caso "Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio c/ Superintendencia de Riesgos del Trabajo s/ Medidas Cautelares” dio via libre a la precautoria por entender que se estaba ante "el supuesto de la existencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables”.

Apelado el fallo, la Cámara, integrada por los jueces Victor Pesino y Luis Catardo, ratificó la vigencia de la cautelar, tras adherirse a los fundamentos del fiscal general Eduardo Álvarez, quien consideró que en el caso el objeto de la cautelar "no se confunde con el objeto principal".

Para Álvarez, se trata en el caso una medida autosatisfactiva que "simplemente difiere en un tiempo, por cierto breve, la vigencia de lo resuelto", sin que se logre “evidenciar el perjuicio irremediable de una mera suspensión temporal”.

Por el contrario, para el fiscal se acreditó "la existencia de la verosimilitud en el derecho" como así también el peligro en la demora, dado en el hecho de que "la vigencia del acto que se impugna tornaría, con el tiempo, abstracto al planteo mismo del escrito inicial".


domingo, 13 de mayo de 2018

LENGUAJE E INFORMACIÓN JUDICIAL María Pía Boni Vocera de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe


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Como todos sabemos, la información es la materia prima con la que trabajan los
periodistas. Cuando la consiguen, solucionan un gran problema, ya que solo les resta
adaptarla al formato correspondiente, según el medio donde trabajen: radio, televisión,
publicaciones periódicas, Internet.
Sin embargo, para quienes cubren la fuente judicial, las cosas no son tan sencillas:
una vez que obtienen la información –sobre todo cuando se trata de una resolución
judicial–, deben enfrentar dos dificultades adicionales: comprender el texto al que
accedieron y, luego, hallar la manera de darlo a conocer utilizando términos comunes,
pero sin desvirtuar el contenido del mensaje.
Los jueces suelen redactar sus decisiones usando el lenguaje técnico –y abusando
de él–, propio de la Ciencia Jurídica y ajeno al saber popular. Ello, sin mencionar los
frecuentes errores de redacción, estructura gramatical y, en algunos casos, excesos de
latinismos.
Es fácil advertir, entonces, que el periodista judicial se ve forzado a cumplir el rol
de traductor. Para ello, en primer lugar, debe ser capaz de comprender el lenguaje
propio del ámbito jurídico y, en segundo lugar, tener la habilidad suficiente como para
reproducir la información a la que pudo acceder con la suficiente claridad, para que sea
comprendida por toda la comunidad, y no solo por las personas ligadas al ámbito del
Derecho.
Para resolver este problema, los medios de comunicación de mayor importancia
han incorporado en sus redacciones a abogados o a periodistas especializados en la
cobertura de temas judiciales.
Los jueces, por su parte, también se están preocupando por ser más comprensibles,
ya que la complejidad del lenguaje condiciona la transparencia de los actos judiciales.
Lenguaje y transparencia
1

Un informe presentado en julio de 2007 por el Observatorio de la Unión
Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados –en colaboración con el
Centro de Estudios para la Nueva Mayoría– señala el índice de credibilidad de la
Justicia Argentina en, apenas, un 11%1
.
Credibilidad y transparencia están estrechamente ligadas. Así lo entendieron los
responsables de los Poderes Judiciales de veintitrés países de Iberoamérica: en una
Declaración firmada en Cancún, México (2002), señalaron que «los niveles de
credibilidad y confianza en la Justicia están relacionados... con la difusión de las
resoluciones judiciales, las relaciones con los medios de comunicación y el acceso a la
información pública»2
.
Y admitieron que no se trata tan solo de difundir información, sino de hacerlo de
forma sencilla, facilitando su comprensión. En efecto, la Carta de Derechos de las
Personas ante la Justicia en el ámbito Judicial Iberoamericano (producto de la Cumbre
citada) establece algunas pautas sobre lenguaje para contribuir a «una Justicia
comprensible»:
· Todas las personas tienen derecho a que los actos de comunicación
contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de
términos intimidatorios innecesarios.
· Todas las personas tienen derecho a que, en las vistas y
comparencias, se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias
técnicas necesarias, resulte comprensible para todos los que no sean
especialistas en Derecho. Los jueces y magistrados que dirijan los actos
procesales velarán por la salvaguarda de este derecho.
 Todas las personas tienen derecho a que las sentencias y demás
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles
por sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin
perjuicio de su rigor técnico. Se deberá facilitar especialmente el
ejercicio de estos derechos en aquellos procedimientos en los que no sea
obligatoria la intervención del abogado.

1


En la última década, el uso de un lenguaje sencillo se ha convertido también en un
mandato ético. El Código de Ética que rige a los jueces santafesinos establece que la
información que se brinde a los medios de comunicación debe hacerse por escrito,
utilizando términos sencillos.
El Código Iberoamericano de Ética Judicial, por su parte, afirma que «la
transparencia de las actuaciones del Juez es una garantía de la justicia de sus
decisiones» (art. 56), y le manda brindar «información útil, pertinente, comprensible y
fiable» (art. 57).
¿Lenguaje técnico... o lenguaje corriente?
En el II Congreso Iberoamericano sobre Capacitación Judicial (Mar del Plata,
noviembre de 2006), también se concluyó sobre la necesidad de utilizar un lenguaje más
sencillo en la redacción de las sentencias.
Sin embargo, no es posible eliminar por completo el uso de la terminología
jurídica, puesto que el vocabulario jurídico es constitutivo de la Ciencia del Derecho.
Ello hace que no pueda ser dejado a un lado en ciertos casos, como, por ejemplo,
cuando el Juez debe referirse a un delito (que para ser tal, debe responder exactamente
al concepto del Código Penal) y a los fundamentos legales de su configuración; o
cuando es necesario hablar de construcciones exclusivamente jurídicas, como pueden
ser la hipoteca o la usucapión.
Pongamos un ejemplo: si una persona se apodera sin derecho de una cosa ajena,
comete hurto; pero si para hacerlo, además, ejerce violencia, hay delito de robo, que
tiene una pena más grave. Por lo tanto, decir «robo» no es igual que decir «hurto»,
aunque, popularmente, ambos términos sean utilizados en forma indistinta.
Con esto queremos decir que, si bien es cierto que quienes operan el Derecho
(Jueces, funcionarios, abogados...) deben procurar que sus escritos sean comprensibles
por la sociedad en general –para así hacer más transparente su trabajo–, a veces resulta
Imprescindible el uso de términos técnicos propios de este saber científico que es la
Ciencia Jurídica.
En este sentido, Elena Highton, vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación (CSJN), dijo hace algunos meses que «existen límites a la posibilidad de
2
Liberalizar el lenguaje porque hay cuestiones técnicas que son difíciles de evitar, pero
Debemos tratar de acercar lo más posible las sentencias a la gente»3
.
Lenguaje y capacitación judicial
En el Poder Judicial de Santa Fe, estamos trabajando sobre el problema del
lenguaje: en el marco del Curso Anual de Periodismo Judicial, brindamos a los
periodistas herramientas básicas para que comprendan la terminología jurídica: no con
la finalidad de que trasladen esos términos a sus crónicas, sino para que comprendan
mejor el contenido de las decisiones y puedan transmitirlas sin desvirtuar su sentido.
Para ello hemos confeccionado un glosario de términos jurídicos con las palabras de uso
más frecuente, sin olvidar aquellas que suelen emplearse en forma errónea.
En cuanto a los jueces y funcionarios, procuramos que aprendan a expresarse con
sencillez y claridad, tanto en la redacción de sus decisiones como en las audiencias
orales, de modo que los particulares puedan comprender el significado de los actos
judiciales en los que están involucrados.

La redacción de noticias, según la Jurisprudencia
Nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales garantizan la
libertad de expresión y de prensa.
Sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que debe ser compatibilizado con
otros, como el derecho a la intimidad, la preservación de la identidad de menores,
víctimas y testigos, y la presunción de inocencia.
Si nos refiriéramos a un sujeto como autor de un delito cuando aún no se ha
dictado la sentencia, podríamos afectar injustamente el honor de esa persona y, quizá,
podríamos ser acusados por el delito de calumnias.
En el caso «Campillay, Julio c/La Razón» (1986) la CSJN dijo que un medio de
comunicación puede evitar responsabilidad por publicaciones de interés público que
puedan rozar la reputación de las personas, solo en tres circunstancias:
a) identificando la fuente donde obtuvieron la información;
b) utilizando potenciales;

4
Ver «Piden a los jueces que redacten los fallos en un lenguaje más claro», en La Nación, 26 de
noviembre de 2006.
5
c) manteniendo en reserva la identidad de los implicados en el asunto.
El diario La Razón había publicado el nombre de Julio Campillay, a quien
vinculaba a un asunto de tráfico de estupefacientes. La noticia no mencionaba ninguna
fuente de información, aunque en el juicio, se probó que habían recibido al respecto un
parte de prensa proveniente de la Policía.
El máximo Tribunal del país resolvió que era justo indemnizar a Campillay, ya
que la fuente no había sido citada en la noticia, con lo cual el medio había hecho suya la
información brindada.
Si la hubiera citado o si hubiera utilizado el verbo en potencial o hubiera
mantenido en reserva la identidad del involucrado, el medio no hubiera sido obligado a
pagar la indemnización.
Conclusión
El Poder Judicial no es ajeno al deber de transparencia que tiene que caracterizar a
los actos de gobierno.
Ese deber de transparencia supone dar a conocer las decisiones judiciales y
hacerlo de un modo sencillo, accesible a toda la comunidad.
Para que la información judicial llegue a su destinataria: la sociedad, es
imprescindible que el lenguaje utilizado sea comprensible. En lo posible, despojado de
tecnicismos.
Como alternativa, y en tanto la Ciencia del Derecho se vale de términos que le son
propios, parece aceptable –a veces, indispensable– incluir vocabulario técnico en el
discurso judicial, procurando siempre aclarar su significado.
No estaría de más que las sentencias incluyeran un breve y sencillo resumen de la
decisión e, incluso, de sus fundamentos, de modo tal que los particulares no necesitaran
de la «traducción» de los abogados para entender su contenido.
El uso del lenguaje corriente debería caracterizar la redacción de los actos
judiciales destinados al público en general (sentencias, notificaciones, actas de
audiencias...) y la expresión oral en las actuaciones que involucren a particulares;
especialmente, cuando las personas no cuentan con la asistencia de un abogado.